
La afluencia de haitianos a los hospitales de Santo Domingo, y más en concreto a las maternidades, se ha limitado drásticamente desde que el lunes pasado se les comenzara a pedir documentos en centros sanitarios públicos como parte de las medidas para hacer frente a la inmigración irregular desde Haití, según pudo comprobar EFE este miércoles.
En la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, en el centro de la caudal y la principal del país, personal del dominio de consultas confirmó a EFE este descenso de la amparo de haitianas, “hay menos que antaño”, y sin querer entrar en ningún tipo de valoración, se limitaron a señalar: “Estamos para dar el servicio”.
En esa último afluencia coincidieron incluso una médico del hospital y un miembro de las fuerzas del orden dominicanos, en la recibimiento del centro váter, en cuyas entradas hay incluso representantes -siempre mujeres- de la Dirección Caudillo de Migración (DGM).
A las puertas de la maternidad hay un autobús amarillo de tipo escolar para trasladar a las mujeres que no están en situación regular hasta el centro de recibimiento de migrantes de Haina, a unos 20 kilómetros de Santo Domingo, donde se les toman los datos biométricos y las huellas dactilares para fines de deportación, unas repatriaciones que, según insiste la DGM, solo se realizan luego de confirmar que “no existen riesgos para la vigor” de las pacientes.
A borde del autobús, apostado allí desde las 6 de la mañana, deje con EFE, desde una ventanilla, una adolescente de 14 abriles grávida de 23 semanas, pese a que, afirma, ha presentado la carta de comienzo en la que asegura que consta que ella ya nació en República Dominicana, aunque es de ascendencia haitiana.
“Cuando llegué a la puerta, les di la carta del comienzo mío, ellos la revisaron y luego morapio ese señor y me dijo ‘tienes que esperar’ para que me suban al sistema. Posteriormente me llevaron a la camioneta”, relata esta religiosa primeriza que reitera que nació en Santiago (meta de República Dominicana).
No le dejaron ni apropiarse siquiera el desayuno que llevaba: “Ellos me dijeron que lo dejara allá (…), pensé que me lo iban a entrar, pero me dijo que ‘de ahí no se hacen favores más’”.
Tras ser llevada a la camioneta, “mi mamá morapio y le dio la carta de comienzo y lo están subiendo al sistema. Yo tengo mi carta de comienzo”, insiste, pese a lo cual finalmente partió el autobús con ella en su interior y otra adolescente grávida que incluso asegura ser dominicana, aunque no presentó documentación, acompañada de su religiosa.
Críticas en presencia de la polémica medida
Hace dos semanas, el presidente dominicano, Luis Abinader, anunció una serie de medidas en presencia de la inmigración irregular desde Haití, entre ellas la implantación del protocolo de demostración migratoria en 33 hospitales públicos del país.
Eso supone que inspectores y agentes migratorios verifican que los pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo y prueba de domicilio en el país y cubran el costo de los servicios recibidos. En caso contrario, serán atendidos médicamente y, una vez recuperados, deportados.
Solo el primer día de implementación 87 embarazadas y parturientas haitianas fueron detenidas en hospitales dominicanos.
Delante ello, Remisión Internacional (AI) pidió hoy al Gobierno dominicano poner fin “de inmediato” a las expulsiones colectivas de haitianos y derogar el protocolo que vincula el comunicación a servicios de vigor con la deportación.
En un comunicado, la directora de AI para las Américas, Ana Piquer, afirmó que la implementación de un sistema que expone a las personas migrantes a la deportación tras cobrar atención médica “no solo viola el derecho a la vigor, sino que deshumaniza a personas sin documentación y seguramente las disuadirá de presentarse a hospitales, poniendo vidas en peligro”.
En un mensaje a la nación en abril, el presidente Abinader recomendó a los miles de haitianos indocumentados que viven en República Dominicana “marcharse voluntariamente” o, de lo contrario, “serán buscados y repatriados”.
En octubre pasado, Abinader ordenó la deportación masiva de migrantes en situación irregular, unos 10,000 por semana, lo que afecta en su praxis totalidad a los haitianos.
Conforme a datos oficiales, desde que se tomó esta medida más de 180,000 haitianos en situación irregular han sido deportados a Haití, pese a los llamamientos de organizaciones y organismos internacionales para que no se lleven a mango devoluciones a un país donde en 2024 más de 5,600 personas murieron a causa de la violencia.