ztevenreal
@Abrilpenaabreu
En República Dominicana el respeto a la autoridad se ha vuelto una singularidad.
Aquí cualquiera graba un video acabando con un funcionario, lo sube a redes y, a lo sumo, ofrece una disculpa para salir del paso. Y no pasa ausencia.
Hemos llegado al punto en que ciudadanos atacan a miembros de la Digesett y de la Policía Doméstico —a golpes, a pedradas o con celulares en mano— y el debate manifiesto se centra en justificarlo por “los dos o tres corruptos que hay en las filas”.
Como si eso bastara para desconocer el deber y la función de todo un cuerpo estatal. Como si el mal comportamiento de algunos autorizara al resto a hacer imparcialidad por mano propia.
Esto no empezó ahora. Llevamos abriles sin un régimen actual de consecuencias.
Hoy tenemos un corregidor diciendo abiertamente a la Ministro de Interior:
“Usted tiene razón… pero en lo que el tribunal se la da, yo sigo haciendo lo que quiero.”
Y no pasa ausencia.
Y no solo alcaldes. El propio Ministro de Agricultura ha agradecido públicamente que tiene trabajadores haitianos indocumentados en su finca.
¿Y cuál ha sido la consecuencia?
Ninguna.
Ni una investigación, ni una multa, ni una explicación formal. Mínimo.
¿Y por qué habríamos de sorprendernos, si hasta el expresidente del Tribunal Constitucional, estando todavía en funciones, se quejaba de que ni el mismo Estado cumple las sentencias del poder jurídico? Si no pregúntenle a los miles de desvinculados con sentencias definitivas que aún esperan por su cuota.
¿De qué régimen de consecuencias hablamos si aquí se desafía a los jueces, a la policía, a migración y a los organismos de control sin que pase ausencia?
Y mientras las autoridades ceden, los ciudadanos copian el patrón. Porque si los de en lo alto pueden el resto de la esclavitud alimenticia todavía.
Y así llegamos al ilógico más nuevo:
Un comerciante chino, una dominicana y un camarilla de haitianos indocumentados prácticamente secuestraron a un fiscal interiormente de una tienda, en un desafío libre a la ley.
Y la notificación no fue el delito en sí, sino el video vírico. Aquí, la ley no se respeta. Porque todos saben que este es el país donde “na e’ na”.
En un país serio…
En un país serio, la tienda habría amanecido cerrada. Todos los involucrados, detenidos. El status migratorio, revisado, pero el de todos.
El mensaje, debió ser claro: Nadie está por encima de la ley.
Pero aquí…
Aquí vivimos en el país donde todo se justifica, todo se perdona y todo se olvida. Y lo más peligroso es que esa civilización de impunidad ya no es solo tolerada, es esperada.
Aquí la autoridad no se impone; se negocia.
Y eso, más que una crisis institucional, es una sentencia anticipada contra cualquier intento de orden y imparcialidad.
