Nadie puede dudar de que la electricidad es una privación colectiva y esencial en las sociedades de hoy, ya que son escasas las actividades humanas que no requieren de la energía para su explicación pleno. Tanto es que existen estudios y decisiones jurisprudenciales que reconocen el camino a la electricidad como un derecho fundamental, como lo puede ser la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0372/16, dictaminó que:

“el  servicio  de  energía  eléctrica,  al  igual  que  el  servicio  de  agua potable,  es  uno  de  los  servicios  públicos  domiciliarios  esenciales,  en razón de que en la presente éste tiene una musculoso influencia sobre la calidad  de  vida  de  las  personas,  por  lo  que  los  mismos  pueden  ser tutelados  por  el  magistrado  de  amparo  cuando  la  suspensión  de  estos  se produzca de forma arbitraria e injustificada por parte de las empresas que  lo  suministran,  de  tal  suerte  que  la  existencia  de  otras  vías  no resulten   idóneas   para   evitar   la culminación   de   un   perjuicio irremediable. “

Para dicha señal del servicio de energía eléctrica, el sector eléctrico debe estar regulado bajo la función de objetivos de interés caudillo o sabido, en la promoción y la defensa del interés colectivo que se corresponde con la obligación del Estado y la aspiración social que lo demanda. De igual forma, para proteger los mercados de las debilidades que pueden surgir en su mismo seno, donde la veterano preocupación es la de evitar las posiciones de poder cuando se comercio de un régimen de competencia.

Por esas razones, la regulación estatal rebate a la naturaleza del servicio: la electricidad es un perfectamente decisivo y esencial. La experiencia internacional demuestra que dejar su papeleo solamente a las fuerzas del mercado conduce a ineficiencias, tarifas desproporcionadas y excepción social. Por ello, corresponde al Estado establecer el situación normativo que oriente la coexistentes, transmisión y distribución bajo reglas claras, con criterios de transparencia y competencia honrado.

Pero regular no significa solo dictar leyes. El Estado debe convertirse en avalista del camino universal, velando porque el servicio llegue con calidad y precios razonables a toda la población, incluso a los sectores más vulnerables. Una regulación apto implica diseñar políticas tarifarias equilibradas, que reconozcan la sostenibilidad financiera de las empresas, pero que al mismo tiempo protejan al ciudadano de cargas desmedidas.

Otro aspecto crucial es la planificación. La electricidad no se improvisa: requiere inversiones a desprendido plazo, expansión de redes y diversificación de la matriz energética. Aquí, el rol estatal se convierte en decisivo, al impulsar fuentes renovables, fomentar la eficiencia energética y compendiar la dependencia de combustibles fósiles. No se comercio solo de iluminar ciudades, sino de consolidar un sistema que resista crisis internacionales, que se ajuste a los compromisos ambientales y que garantice seguridad energética.

En ese aspecto de improvisación, como ocurrió recientemente cuando se emitió la “emergencia energética”, con el Decreto 517-25, vemos que el Estado no cumple con su papel de estudiar la previsión de la demanda, la cual ocasiona una error de planificación de la coexistentes energética que debe ser necesaria, que la error de energía no ocurre de un día a otro, es el sorpresa crónico de la inacción para suplir en ese sector.

Con esas fallas generadas por la improvisación, nos alejamos cada día más de cumplir uno de los objetivos contemplados en la Ley 1-12, sobre la Táctica Doméstico de Explicación, que en su Objetivo 3.2.1, establece que se debe Estabilizar un suministro de electricidad a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambientaldonde un punto esencia es la planificación e impulsar el explicación de la infraestructura de coexistentes, transmisión y distribución de electricidad que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicio establecido por las normas.

Al no cumplir el Estado con su obligación de avalar el servicio sabido esencial como lo es la electricidad por fallo de la error de planificación, transgrede de forma implícita el camino a la energía eléctrica que no es un privilegio, es una condición indispensable para la dignidad humana y el diario poblar de la sociedad.

Avalar este derecho del servicio y camino a la energía eléctrica implica planificación, regulación efectiva y protección social. Pero sobre todo exige voluntad política para metamorfosear un sector que históricamente ha sido rehén de la improvisación y el clientelismo.