«Estas muertes se han producido en el entorno de persecuciones migratorias, bajo custodia de las autoridades y por disparos efectuados por policías y militares», dijo la onegé en un comunicado.

La ordenamiento aseguró que el 10 de abril del año pasado el ciudadano de origen haitiano Constant Laventure murió en la zona de Verón-Punta Cana, en una argumento que las autoridades de Migración informaron de que el fallecimiento ocurrió tras este lanzarse desde un tercer calle.

«El Colectivo HaitianosRD pudo demostrar que no había otra edificación alguna en decenas de metros a la redonda», dijo la entidad.

Exigió de la autoridades poner fin a las deportaciones «masivas» de carácter «racistas» y al Estado de excepción de facto, sin el cual no podría llevarlas a límite.

A razón de la ordenamiento, la requisito de una política migratoria que brinde el mismo trato a las personas migrantes haitianas que el que se ofrece a migrantes venezolanos y de otras nacionalidades, es sin duda el principal desafío en la República Dominicana para hacer efectivo el respeto a las libertades democráticas.