Los supuestos hechos ocurrieron en República Dominicana, concretamente en la mansión de Iglesias en Punta Cana (este), una de las denunciantes es dominicana y el cantante posee la país dominicana, «por lo que evidentemente el caso es competencia de la República Dominicana, no de España», dijo a EFE el jurista y culto dominicano Cándido Simón.

La Fiscalía española concluyó el viernes que no se daban los requisitos exigidos por la ley para que la Razón pueda investigar la denuncia porque, según argumentó, la Ley Orgánica del Poder Legislativo española exige, entre otras cuestiones, que el denunciado sea un ciudadano gachupin, que no haya un procedimiento amplio en el ocasión donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional, y que exista una «conexión material con España», por ejemplo, que las víctimas sean españolas o residentes en el país.

«La comarca competente es República Dominicana donde supuestamente se cometieron los hechos», sostuvo el abogado Simón, quien calificó de «correcta» la atrevimiento adoptada por la Fiscalía española en ese sentido.

El caso afecta a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp o registros de llamadas para demostrar la certeza de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.

El abogado criminalista dominicano y profesor de Derecho Penal René del Rosario explicó a EFE que las denunciantes pueden «perfectamente» presentarse a la fiscalía de Higüey, el principal municipio de la provincia La Altagracia, donde se ubica Punta Cana, e interponer una denuncia o querella, pero todavía el Tarea Conocido, por tratarse de una entusiasmo pública, puede ordenar una investigación.

asn/soy