Nelson Morel

En la República Dominicana, la figura de la delación premiada se ha convertido en uno de los instrumentos más controvertidos del sistema de persecución penal. Presentada por el Servicio Sabido como una útil eficaz para combatir el crimen organizado y la corrupción administrativa, en la destreza amenaza con transformarse en un salvoconducto a la impunidad, perseverante sin controles claros y fuera de los límites expresos del Código Procesal Penal.

La pregunta central es ineludible: ¿la delación premiada está regulada como una prerrogativa procesal en el Código Procesal Penal dominicano o es una aquiescencia que el Servicio Sabido se ha abrogado por vía interpretativa?

Una figura sin fondeadero normativo adrede

A diferencia de otros ordenamientos jurídicos de la región, el sistema penal dominicano no contempla de modo expresa y detallada la delación premiada como una institución autónoma, con reglas claras, límites objetivos y control procesal fiel. El Código Procesal Penal sí reconoce mecanismos como los criterios de oportunidad, los acuerdos y las suspensiones condicionales del procedimiento, pero ningún de ellos autoriza, de forma abierta, la reducción sustancial de penas a imputados principales a cambio de delatar a terceros.

En este vano normativo, el Servicio Sabido ha convertido la delación premiada en una destreza habitual, sustentada más en la aprieto de resultados mediáticos que en una saco judicial sólida. Se negocian beneficios procesales, rebajas de imputaciones e incluso confianza anticipada, sin que el congresista haya definido con precisión hasta dónde puede presentarse ese intercambio.

El aventura de institucionalizar el “yo acuso para salvarme”

La delación premiada mal regulada introduce un incentivo perverso: premiar al delincuente que mejor negocia, no al que dice la verdad. En un sistema donde la carga probatoria debe recaer sobre el acusador, se corre el aventura de sustituir la investigación rigurosa por testimonios interesados, muchas veces orientados a satisfacer la novelística acusatoria del momento.

Peor aún, cuando los principales responsables de estructuras corruptas logran beneficios sustanciales mientras figuras secundarias enfrentan todo el peso de la ley, el mensaje a la sociedad es devastador: la jurisprudencia no castiga el delito, castiga la descuido de poder de negociación.

¿Dónde queda el control procesal?

Otro de los grandes problemas de la delación premiada en República Dominicana es la pasión del control procesal efectivo. En muchos casos, los jueces se limitan a homologar acuerdos ya cerrados por el Servicio Sabido, sin un examen profundo de la proporcionalidad del beneficio otorgado ni de la certeza comprobada de la información suministrada por el delator.

Esto desnaturaliza el rol del magistrado como avalista del adecuado proceso y convierte la persecución penal en un espacio de negociación discrecional, donde el Servicio Sabido actúa como investigador, acusador y negociador de penas, acumulando un poder que la Constitución no le confiere de modo absoluta.

Rectitud negociada o jurisprudencia selectiva

La lucha contra la corrupción y el crimen organizado no puede descansar sobre atajos jurídicos. No todo lo que parece eficaz es necesariamente amoldonado, ni todo lo que produce titulares fortalece el Estado de derecho. La delación premiada, sin una regulación judicial clara, termina siendo una jurisprudencia selectiva, donde unos pagan y otros se salvan en función de su utilidad procesal.

Si el país considera necesaria esta figura, corresponde al Congreso Doméstico legislarla con precisión, estableciendo límites, requisitos estrictos, demostración independiente de las delaciones y un control procesal robusto. Lo contrario es aceptar que la persecución penal se rija por la discrecionalidad y no por la ley.

Porque cuando la delación premiada se convierte en regla y no en excepción, la jurisprudencia deja de ser un principio y pasa a ser una negociación.

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No todos clasifican para negociar en materia penal