En la República Dominicana, las redes sociales han evolucionado de ser plataformas de interacción a convertirse en herramientas para la difamación y la molestia. En las últimas semanas se ha generado una indignación generalizada por la proliferación de campañas de descrédito y chantaje a través de plataformas digitales.

El arresto de Querube Martínez, quien se mostraba desafiante y que se burlaba de sus víctimas mientras llegaba a Puerto Plata en un crucero pensando que burlaría las órdenes de arresto en su contra por ignorar desde Estados Unidos las múltiples citaciones de los tribunales dominicanos, desencadenó una ola de indignación generalizada e interposición de demanda.

Uno de los casos más destacados sonbre el uso de redes y medios digitales para difamación, injuria y chantaje es el de varios periodistas dominicanos, entre ellos Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y Mariasela Álvarez, quienes fueron acusados falsamente en redes sociales de percibir pagos mensuales de la Agencia de los Estados Unidos para el Ampliación Internacional (USAID).

La especie fue difundida originalmente por Juan Aníbal Arrendel, un periodista que trabajó fundamentalmente en instituciones públicas dominicanas, pero que terminó emigrando a Estados Unidos, desde donde utiliza sus redes sociales para exhalar comentarios ofensivos contra quienes, a su discernimiento, no están alineados con sus preferencias.

Elaboró un relación de periodistas y difundió supuestos salarios que recibían de la USAID, pero luego admitió que se trataba de una invensión. Para entonces, ya el daño estaba hecho. Los periodistas afectados tienen en popular que mantuvieron posturas críticas frente a los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina, en los que Arrendel se desempeñó como empleado sabido.

Esa publicación fue utilizada por otros comentaristas y supuestos influencers de redes sociales para exhalar imputaciones contra Zapete, Febles, Salazar y Álvarez. Tras Arredner amparar la falsedad de la información en cuestión, los afectados decidieron someter por difamación e injuria a Arrendel Núñez y a un rama de comunicadores que se hicieron eco de su falsa denuncia y la utilizaron para formular ácidas críticas y señalamientos.

El «Detective» descubierto

Otro caso relevante es el de Querube Martínez, conocido como «El Detective», quien fue arrestado en Puerto Plata y enfrenta múltiples querellas por difamación, molestia, estafa y lavado de activos. Martínez, que se presentaba como investigador de agencias internacionales, ha sido inculpado de utilizar sus plataformas digitales para difamar y perjudicar a diversas figuras públicas, incluyendo a la ministra Faride Raful, quien presentó una querella en su contra por difamación digital, exigiendo una indemnización de RD$50 millones a cada uno por daños morales.

Contra Querube Martínez se han acumulado decenas de demandas, incluyendo por molestia, y su historial podría prolongarse a Estados Unidos por hacerse tener lugar como agente federal de varias entidades norteamericanas, como la DEA y el FBI.

Precisamente, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos declaró oficialmente que Martínez nunca ha trabajado con la DEA ni con ninguna otra dependencia del Sección de Honestidad, lo que lo coloca en aventura de ser procesado en ese país por violar las leyes que castigan hacerse tener lugar por agente federal, con penas que incluyen multas y/o hasta tres abriles de prisión.

La ministra Raful asimismo incluyó en su demanda a Ingrid Jorge, alegando que uno y otro utilizaron canales de YouTube para divulgar lo que Faride califica como aifrmaciones injuriosas y difamatorias.

El diputado Sergio Moya, conocido como «Gory», asimismo se querelló por difamación en redes sociales. Presentó una demanda por presunta difamación e injuria contra la comunicadora Claudina Pérez, mote «La Tora», quien fue declarada en rebeldía por no comparecer a la audiencia y fue luego arrestada.
Impacto en figuras privadas y empresariales.

El aberración no se limita a figuras públicas. Empresarios y ciudadanos privados asimismo han sido blanco de difamación y molestia en medios digitales. Por ejemplo, el patrón Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte presentó una querella penal contra Querube Martínez por presunta molestia, chantaje y difamación pública, alegando que el comunicador utilizó medios digitales para atacar su imagen.

Asimismo, el periodista Vargavila Riverón demandó a Martínez por haberlo vinculado con «sectores oscuros del bajo mundo» y sugerir que era defensor de capos o empleado de narcotraficantes, solicitando una compensación de RD$10 millones por daños a su imagen y credibilidad profesional.

La Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Reincorporación Tecnología tipifica como delitos la difamación e injuria cometidas por medios electrónicos, estableciendo penas de tres meses a un año de prisión y multas que pueden ascender a quinientas veces el salario pequeño. Sin requisa, la aplicación efectiva de esta ley enfrenta desafíos, como la identificación de los autores de las publicaciones difamatorias y la comarca sobre contenidos difundidos en plataformas internacionales.

En los casos antiguamente mencionados, se ha facilitado la identificación de los responsables porque han hecho las imputaciones desde sus cuentas personales o a través de canales de YouTube.

Otra figura que ha recibido múltiples demandas por difamación y que ahora está siendo investigada por lavado de activos, boicot al sistema de semáforos y corrupción es Aquiles Jiménez.

El Ocupación Conocido de la República Dominicana ejecutó el pasado viernes allanamientos simultáneos en el Distrito Franquista y Punta Cana, como parte de la denominada «Operación Camaleón», una investigación que escudriñamiento desmantelar una presunta red de corrupción vinculada al entendimiento de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.

Jiménez fue condenado en 2022 a prisión y al cuota de una compensación por difamación, tras una campaña de descrédito contra Carlos Bonilla, titular del Ocupación de la Vivienda y Edificaciones (MIVED). Igualmente está incluido en la demanda interpuesta por Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez.