Más de 1,500 millones de dólares en condenas evitadas y 24 controversias de inversión gestionadas preventivamente forman parte de los resultados obtenidos por la República Dominicana en materia de defensa jurídica Internacional.

Durante el vallado de la Conferencia Internacional sobre Arbitraje Comercial y de Inversión, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (micm), Víctor -Ito- Bisonó, destacó que los mecanismos de prevención establecidos han permitido evitar al Estado más de 100 millones de dólares en costos, fortaleciendo su posición en los tratados internacionales de inversión.

Uno de los pilares de esta organización es el Sistema Doméstico de Prevención de Controversias (SNPC), implementado en el 2023 en cumplimiento del Decreto 303-15. Este sistema coloca al país entre los pocos del mundo con un mecanismo formal para anticiparse a disputas jurídicas internacionales.

El SNPC integra herramientas como la Resolución 270-2023y Manual de Prevenciónuna Red de Puntos Focales y una plataforma digital alojada en la Ventanilla Posible del Servicio de Industria, Comercio y Mipymes (micm), que facilitan la interacción entre instituciones públicas y el sector privado.

Arbitrajes de inversión

Desde su creación, el Estado ha ventilado 11 arbitrajes de inversión: siete han concluido a patrocinio del país y en dos se logró dominar más del 90 % de las sumas reclamadas.

Adicionalmente, la República Dominicana participa activamente en los procesos de alternativa de controversias en presencia de la Estructura Mundial del Comercio (OMC) y en las discusiones globales para reparar el sistema de alternativa de controversias inversionista-Estado en el ámbito del Orden de Trabajo III de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, con el propósito de promover veterano transparencia, previsibilidad y equidad.

Desde el 2020, el micm ha capacitado más de 1,400 funcionarios de 55 entidades públicas y se celebró el primer experto especializado en la materia, fortaleciendo las capacidades técnicas del Estado. Estas funciones serán transferidas al nuevo Servicio de Jurisprudencia, conforme a la Ley 80-25 promulgada recientemente.

La conferencia concluyó con un llamado a continuar fortaleciendo la seguridad jurídica como colchoneta de la inversión y la competitividad, reafirmando el compromiso doméstico con la transparencia, la buena gobernanza y la honradez económica.