SANTO DOMINGO.- El equipo permitido del exministro Burócrata de la Presidencia, José Ramón Peralta Fernández, solicitó un no ha área en crédito del imputado al considerar que el Empleo Notorio no aportó ni una prueba que le comprometa penalmente.

Al presentar las conclusiones frente a la jueza del Cuarto Auditoría de Instrucción, Altagracia Ramírez, los abogados Pedro Balbuena, Santiago Rodríguez y Emery Rodríguez fundamentan la petición en que no existen pruebas para enviarlo a motivo de fondo.

Plantearon que la reproche está matizada por intereses políticos que no identificaron, y que el Empleo Notorio pretender sostenerla en saco un afirmación previamente fabricado y en supuestas evidencias irrelevantes que no vinculan a Peralta Fernández.

Los profesionales del derecho afirmaron durante la audiencia preliminar del caso que posteriormente de más de cuatro primaveras de investigación “no existe una sola prueba que lo incrimine, lo cual hemos desmontado punto mediante sólidos argumentos jurídicos”.

“Luego de un disección total del expediente, queda claro que José Ramón Peralta Fernández no aparece en ninguna de las pruebas aportadas ni vinculado en ninguna de las líneas de investigación objetivas del caso, como trazas financieras, auditorías o cruces de comunicaciones”, expresaron.

Aseguraron que la inclusión en el proceso avala exclusivamente a un afirmación contradictorio, sin sustento material ni corroboración.

Durante la audiencia, los abogados presentaron evidencia documental que expone inconsistencia en las declaraciones del informante Bolívar Ventura, establecimiento que “en un interrogatorio del 27 de noviembre de 2021, Ventura afirmó poseer entregado tres cheques específicos, números 9401, 9414 y 9458 a Fernando Crisóstomo, Mimilo Jiménez y a José Arturo Ureña”.

Agregaron que, sin secuestro, extrañamente el 9 diciembre de 2022, cambió radicalmente su traducción sobre los mismos instrumentos financieros, alegando, esta vez, que fueron entregados a Francisco Pagán para supuestamente destinarlos a Donald Alborotador y Peralta Fernández.

En ese punto, la argumentó que dicho afirmación carece de valía probatorio al poseer sido fabricado “y, más importante aún, al citarse invalidado por la propia documentación oficial presentada en el tribunal”.