La defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, denunció en presencia de el Cuarto Curia de la Instrucción del Distrito Doméstico que el Ocupación Divulgado coordinó con personas que, según sus propios señalamientos, son los verdaderos responsables de los hechos por los cuales se acusa a su defendido, pero que fueron excluidas del proceso o beneficiadas con criterios de oportunidad.

Los abogados Laura Acosta, Nassef Perdomo y Luis Rivas afirmaron que el víscera acusador construyó su expediente a partir de acuerdos con individuos que admitieron deber organizado las operaciones ilícitas, pero que no fueron llevados al banquillo de los acusados, mientras se persigue penalmente a Gonzalo Castillo.

Entre ellos señalaron a Fernando Crisóstomo, identificado como uno de los organizadores del entramado adyacente a Ramón Emilio Jiménez (Mimilo) y José Arturo Ureña, todos favorecidos con criterios de oportunidad, pese a deber obligado su décimo directa en los hechos. Para la defensa, estos debieron ser los principales acusados del proceso y no testigos protegidos.

Todavía citaron a Carlos Báez Batista, exgerente de una entidad bancaria, quien habría coordinado con Crisóstomo retiros de grandes sumas de pasta en efectivo y que, pese a su supuesto rol, fue presentado como informante por el Ocupación Divulgado.

Los juristas indicaron que conversaciones de WhatsApp, incorporadas por la propia inculpación, evidencian que Fernando Crisóstomo informó a Carlos Báez Batista sobre sus contactos y coordinaciones directas con actores influyentes interiormente del Ocupación Divulgado, incluso antiguamente de que existiera un magistrado agente del proceso.

Acosta, Perdomo y Rivas sostuvieron a través de un comunicado que estos fundamentos confirman que el proceso está viciado desde su origen y refuerzan su solicitud de nulo de la inculpación, al considerar que el Ocupación Divulgado persigue a quien no participó en los hechos y protege a quienes sí lo hicieron.

Sobre el caso

La inculpación formal establece que los acusados integraban una supuesta red delictiva que desvió del Estado más de RD$19,000 millones, mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y sobornos.

Adicionalmente de  los exministros Donald Alborotador, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, en el expediente figuran como encartados Daniel Omar Caamaño, excontralor común de la República; Luis Miguel Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Doméstico; así como Óscar Chalas Alborotador y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.