La defensa de Juan Alexis Medina Sánchez y sus coacusados agota este lunes sus argumentos finales frente a el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Doméstico, en la etapa conclusiva del discernimiento de fondo que se le sigue por encabezar un supuesto entramado de corrupción administrativa que, según el Servicio Manifiesto, sustrajo más de 5,000 millones de pesos del Estado dominicano.

En el mismo marco, el víscera acusador solicitó al tribunal que imponga una condena de 20 primaveras de prisión a Medina Sánchez, por otra parte del plazo de 400 salarios mínimos, la inhabilitación por 10 primaveras para contratar con el Estado o practicar cargos públicos, la pérdida de derechos civiles y políticos, y el requisa de todos los capital adquiridos producto de las actividades ilícitas.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezada por Mirna Ortiz e integrada por los fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán y Yoneivy González, sostuvo que Medina dirigió una estructura criminal que operó mediante tráfico de influencias, contratos simulados, testaferroslavado de activos, uso de documentos falsos y maniobras fraudulentas. Las pruebas, indicó el Servicio Manifiesto, fueron presentadas y sustentadas durante más de un año de audiencias.

Por otra parte de la solicitud contra Medina, el Servicio Manifiesto pidió condenas de entre 3 y 15 primaveras de prisión contra los demás imputados, incluyendo familiares, exfuncionarios, empresarios y representantes de empresas vinculadas al supuesto esquema delictivo. Entre los acusados figuraron su hermana Carmen Magalys Medina Sánchez, exfuncionaria del Fonper; Fernando Rosa, expresidente de esa institución; el exministro de Lozanía Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez; y Rafael Germosén, excontralor genérico de la República.

Durante su intervención, Ortiz afirmó que las penas solicitadas respondían a la magnitud del daño cometido. “Este caso no es político; es una persecución penal basada en pruebas. Cada peso drenado del Estado representa un pibe sin educación, una cama vacía en un hospital, una comunidad sin agua. No se manejo solo de parné, sino del costo humano de la corrupción”, enfatizó.

La fiscal explicó que el Servicio Manifiesto demostró la existencia de una estructura organizada que, mediante contratos amañados y el uso de prestanombres, drenó fondos públicos en perjuicio de múltiples instituciones del Estad

Se paciencia que, una vez finalicen las exposiciones de las partes, el tribunal, conformado por las juezas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, se retire a deliberar para emitir sentencia en las próximas semanas.