El dictamen, emitido por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito, establece que la secretaria de Seguridad Doméstico, Kristi Noem, había excedido su autoridad cuando tomó estas dos decisiones en junio (Haití) y septiembre (Venezuela) del año pasado, según la sentencia emitida en las últimas horas del miércoles y que ha trascendido a los medios este jueves, cuando la ha recogido CNN.

«Las acciones de la secretaria contradicen fundamentalmente el diseño estatutario del Congreso (responsable de la autorización del TPS), y su pretensión de cultivar un poder invariable e ilimitado para anular el Status de Protección Temporal de un país es irreconciliable con el verbo claro del estatuto», manifestaron los magistrados Kim Wardlaw, Salvador Mendoza y Anthony Johnstone, confirmando así una sentencia previa de un tribunal inferior y recurrida por las autoridades.

Al hilo, los jueces han alegado que «las acciones de la secretaria han dejado a cientos de miles de personas en un estado constante de temor de ser deportadas, detenidas, separadas de sus familias y devueltas a un país en el que fueron sometidas a violencia o cualquier otro tipo de daño».

En torno a de 600.000 venezolanos y medio millón de haitianos se han trillado afectados por la retirada del Status de Protección Temporal, una valor tomada en el ámbito de la estricta política migratoria de la Oficina Trump.