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El Pregonero, Exento (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este martes el estado de excepción en siete provincias del país «por formal conmoción interna», mientras se registran bloqueos en algunas vías, en rechazo a la matanza del subsidio al diésel y a la inseguridad.
La medida rige por sesenta días para las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Desde el lunes se han registrado protestas parciales en Pichincha, Carchi, Azuay e Imbabura, mientras este martes hay bloqueos en el ártico de Pichincha y en vías de Carchi, fronteriza con Colombia, en tanto que a Cotopaxi se ha trasladado de forma temporal la sede del Ejecutor y a Imbabura la de la Vicepresidencia.
La declaratoria se da en momentos en que se evidencian «paralizaciones que han cambiado el orden notorio, provocando situaciones de violencia manifiesta que pone en aventura la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la emancipado circulación, al trabajo y al adiestramiento de actividades económicas», señala el decreto suscrito por Noboa.
¿Qué implicaciones trae el estado de excepción en Ecuador?
La medida examen «detener la radicalización de las medidas de hecho tomadas en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, evitando así anciano afectación a la población ecuatoriana», anota el decreto en momentos en los que se mantienen bloqueos parciales de vías en dos de las veinticuatro provincias del país.
La declaratoria se circunscribe a las mencionadas provincias «por ser aquellas donde se concentran la mayoría de actos violentos, paralización del transporte y los cierres de vías», indica el texto.
«Esta situación requiere de una intervención anormal de las instituciones del Estado para precautelar la seguridad y certificar los derechos de los ciudadanos; el orden notorio y la paz social», apunta el documento; mientras sindicatos y sectores sociales, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) rechazan el aumento del precio del diésel a raíz de la matanza del subsidio.
La vigencia de la medida por dos meses se fundamenta «en la carencia de permanecer presencia reforzada del Estado en el paraje indicado durante el tiempo suficiente para poder proteger el orden notorio y cercar los escenarios de violencia en contra de las personas y capital públicos y privados».
En las mencionadas provincias se suspende el derecho a la albedrío de reunión, lo que limita aglomeraciones en espacios públicos durante las veinticuatro horas del día con el objeto de paralizar servicios públicos e impedir que se atente contra los derechos, libertades y garantías del resto de ciudadanos.
La medida no implica restricción al derecho a manifestarse «siempre que sea pacíficamente, y sin afectar los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía», aclara el decreto.
Compensaciones e incentivos
Con la matanza del subsidio, los precios de este combustible -usado ampliamente en el campo, la pesca y otros sectores primarios, así como en el transporte de pasajeros y de carga por carretera- pasaron desde el pasado sábado de 1,80 dólares por cinta (3,78 litros) a 2,80 dólares.
Entre tanto el Gobierno avanza con la entrega de las compensaciones e incentivos ofrecidos a la par de la matanza del subsidio.
Para iniciar, en la víspera el Gobierno depositó más de 1,1 millones de dólares en incentivos productivos a más de 1.600 transportistas de las modalidades intercantonal (rural, urbano combinado), inter e intraprovincial.
Mientras que 70.000 productores se convirtieron en los primeros beneficiados del Bono Bienes de Apoyo e Inversión para el Crecimiento Crematístico Sostenible (RAÍCES) de mil dólares.
Los manifestantes asimismo rechazan la inseguridad en las vías al denunciar ser víctimas de robos, asaltos y extorsiones, entre otros, por lo que exigen anciano atención del Gobierno.
