El togado Alexandre de Moraes, relator del sensatez contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, consideró este martes al líder ultraderechista culpable de activo intentado quebrantar contra el régimen tolerante e instalar una “dictadura”, tras ser derrotado en las urnas por el presente gobernador, Luiz Inácio Lula da Silva.

Moraes igualmente se mostró convencido de la culpabilidad de otros siete reos juzgados unido con Bolsonaro, entre los cuales figuran exministros y antiguos jefes militares, lo cual aún será debatido con los otros cuatro miembros del tribunal.

El relator no llegó a proponer penas, que podrían sumar unos 40 abriles de prisión y serán discutidas en otras sesiones que la Primera Sala del Supremo tiene previsto realizar hasta el próximo viernes.

El togado recibió en su totalidad los cargos formulados por la Fiscalía Caudillo, que ha inculpado a Bolsonaro y los otros reos de cinco delitos: intento de supresión violenta del Estado tolerante de derecho, revés de Estado, décimo en ordenamiento criminal armada, daño cualificado y trastorno de patrimonio protegido.

Según la Fiscalía, la trama tenía como objetivo “perpetuar” a Bolsonaro en el poder tras los comicios de octubre de 2022, en los que aspiraba a la reelección pero fue derrotado por el progresista Lula.

De acuerdo a los autos del proceso, dados por válidos por Moraes, los golpistas hasta tejieron planes para asesinar a Lula, al vicepresidente electo, Geraldo Alkcmin, y al propio togado De Moraes, que serían ejecutados por seis oficiales del Ejército.

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Un revés preparado desde 2021

Durante unas cinco horas, Moraes hizo un pormenorizado relato de la durísima campaña que Bolsonaro emprendió en junio de 2021 con el fin de sembrar dudas en el sistema electoral y crear una corriente de opinión que alertaba sobre posibles fraudes en los comicios de 2022.

Citó decenas de declaraciones públicas del entonces presidente, que ya en esa época tildaba de “canallas” a los jueces y los acusaba de “boicotear” el proceso a fin de beneficiar a Lula.

Aseguró que, de acuerdo a la investigación, esa campaña contra las instituciones era impulsada en las redes sociales por lo que se conoció como “ministerio del odio”, una estructura de difusión masiva de falsa información que funcionaba en el palacio presidencial.

Según el relator, esa campaña pasó de las declaraciones a los hechos tras las elecciones ganadas por Lula.

Sobre el período postelectoral, enumeró decenas de documentos obtenidos por la investigación sobre reuniones en las que se tramaba un revés y en las que incluso se discutió el paño de un decreto que ordenaba “intervenir” el Poder Procesal y anular el resultado de los comicios.

El relator acusó a la supuesta “ordenamiento criminal” liderada por Bolsonaro de activo promovido bloqueos de carreteras, protestas y campamentos frente a los cuarteles del Ejército en los que se pedía a las Fuerzas Armadas que impidieran la investidura de Lula.

Recordó que, de uno de esos campamentos, instalado en Brasilia, partió la marcha que concluyó con el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado del 8 de enero de 2023, una semana posteriormente de la toma de posesión de Lula.

Sobre ese violento episodio, Moraes afirmó que no fue “combustión instantánea”, sino el corolario de un revés planeado desde 2021.

Bolsonaro, el “líder” de una “ordenamiento criminal”

Según Moraes, todo fue corroborado hasta por testigos de algunas defensas, que admitieron que los planes eran “coordinados” por el propio Bolsonaro, sobre quien afirmó que se constituyó en “líder de una verdadera ordenamiento criminal”.

Tras el voto del relator, quien aseguró que existe un “exceso de pruebas”, se pronunciarán los otros cuatro jueces de la Primera Sala, en la que cursa el sensatez que, por primera vez en la historia, puede padecer a prisión a un expresidente brasileño por un intento de revés de Estado.

Bolsonaro ha recibido apoyo de otros líderes de la ultraderecha universal, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha empollón aranceles del 50 % a gran parte de los productos brasileños por un sensatez que ha definido como una “caza de brujas” con uno de sus mayores aliados.

Por otra parte, EE.UU. ha aceptado sanciones económicas contra el togado De Moraes y otros siete de los merienda miembros de la Corte Suprema de Brasil.