El movimiento cívico no partidista Décimo Ciudadana ha reclamado a la Procuradora Universal de la República y a la Ministra de Interior y Policía la formulación de políticas públicas que garanticen la investigación rigurosa de cada caso de fallecimiento ocurrido en presuntos intercambios de disparos, como se ha anunciado en relación con la homicidio de cinco jóvenes en Santiago.

La entidad de la sociedad civil subraya que dichas investigaciones deben ser realizadas por fiscales, con la colaboración del Profesión de Interior y Policía y la Policía Doméstico. Por otra parte, los resultados deben ser divulgados en un plazo arreglado y, en caso de que se determine responsabilidad penal, los responsables deben ser sometidos a la influencia de la razón.

Para Décimo Ciudadana, la matanza de personas bajo el alegato de intercambio de disparos representa, en muchos casos, la aplicación de una política pública que ha persistido en todos los gobiernos, sin consecuencias para los responsables. Esta actos es inconstitucional e ilegal, pues convierte a los agentes del orden en jueces y ejecutores, imponiendo una pena de homicidio que no existe en el ordenamiento procesal dominicano, bajo el ficticio argumento de control de la criminalidad.

Las estadísticas son alarmantes. Según datos publicados por Diario Soberanoal 5 de septiembre del presente año se han registrado 170 muertes en estos intercambios, superando en 18 los casos ocurridos en el mismo período del año preparatorio. Por otra parte, el Documentación Latinobarómetro 2024 sitúa a la República Dominicana, conexo a Bolivia, como el país con decano índice de violencia estatal en América Latina (21%), mientras que Pimiento presenta el pequeño (4%), frente a un promedio regional de 14%.

Históricamente, estas investigaciones han estado en manos de la propia Policía Doméstico, lo que ha impedido la independencia necesaria para esclarecer los hechos, y rara vez se ha informado sobre el desenlace de las mismas.

Décimo Ciudadana considera que el flamante caso en Santiago debe marcar un punto de inflexión para erradicar la impunidad en este tipo de hechos. Esta exigencia no debe remitirse a este caso puntual, sino tumbarse a toda situación en la que una persona pierda la vida a manos de agentes policiales.

Luego, corresponde a la Procuradora Universal de la República, magistrada Yeni Berenice Reynoso, y a la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, diseñar y aprobar las políticas públicas necesarias para afirmar que todas las investigaciones se realicen de guisa puntual, transparente y con consecuencias jurídicas para quienes resulten responsables.