La nuevo promulgación del nuevo Código Penal dominicano marca un hito trascendental en la proceso de nuestro ámbito sumarial. Luego de décadas de debates, intentos fallidos y múltiples borradores, el país finalmente cuenta con una legislatura penal actualizada, adaptada a los desafíos del siglo XXI. Durante este año previo a su entrada en vigencia, tenemos una oportunidad invaluable para estudiarlo y evaluarlo. Este período no debe ser un tiempo muerto, ni un simple etapa burócrata. Por el contrario, debe convertirse en un tiempo de formación cívica, discusión pública y difusión educativa. El Código Penal no es un documento reservado a juristas.

Es una útil de todos los dominicanos, porque impactará de forma directa en nuestra convivencia, libertades y responsabilidades como sociedad. Usar este año de amnistía requiere voluntad colectiva. Las universidades, colegio de abogados, medios de comunicación, organizaciones sociales y líderes comunitarios tienen la tarea de promover espacios de investigación sobre esta nueva carta. El Estado, de su costado, debe explicarlo en habla claro y escoltar con campañas educativas que despierten interés y sentido de pertenencia.

Es incluso una oportunidad para aclarar dudas y suscitar consensos. El conocimiento previo permitirá aprestar malas interpretaciones y blindar la aplicación futura del Código, sobre todo en áreas sensibles como los derechos de la mujer, soltura de expresión, crimen organizado y delitos tecnológicos. Lo importante ahora es no quedarnos al beneficio. El nuevo Código Penal es una conquista institucional, pero solo se convertirá en un seguro avance tolerante si la ciudadanía lo entiende, lo critica constructivamente y lo hace suyo.

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