El autor es médico y diputado. Reside en Santo Domingo

En una democracia sólida, el derecho al voto representa un símbolo de igualdad ciudadana. Sin confiscación, en países donde la institucionalidad aún se encuentra en explicación, como la República Dominicana, otorgar ese derecho a los miembros activos de las Fuerzas Armadas y la Policía Franquista plantea más riesgos que beneficios.

Los defensores del voto marcial suelen argumentar que todo ciudadano, sin distinción, debe participar en la vida política del país. A primera presencia, la idea parece torneo: los uniformados además son dominicanos, pagan impuestos y contribuyen al bienestar franquista. Negarles el sufragio podría interpretarse como una forma de omisión.

Sin confiscación, la democracia no se sostiene exclusivamente sobre el sufragio universal, sinó además sobre la neutralidad institucional del poder coercitivo del Estado. Las Fuerzas Armadas y la Policía están llamadas a servir a la nación, no a un partido ni a un liderazgo político. Por eso, en sistemas democráticos frágiles, mezclar el voto con el uniforme puede ser una combinación peligrosa.

En un contexto institucional débil, los riesgos de otorgar el voto a militares y policías son múltiples y de profunda trascendencia democrática. La politización de los cuerpos armados podría derivar en una nobleza desplazada del Estado en dirección a intereses partidarios, reproduciendo viejas prácticas de clientelismo y control político.

Por otra parte, en estructuras jerárquicas tan rígidas, la autodeterminación del sufragio se vería comprometida, pues las decisiones de los superiores podrían influir sobre la voluntad de los subordinados, anulando el carácter secreto y autónomo del voto.

Neutralidad afectada

A ello se suma el peligro de que, en momentos de crisis o tensión política, la neutralidad marcial, saco esencial de la estabilidad democrática, se vea afectada por afinidades partidarias, distorsionando su papel institucional.

Finalmente, la memoria histórica del país advierte sobre los mercadería de un pasado donde el poder marcial tuvo una presencia dominante en la política franquista; reabrir esa puerta significaría revivir los fantasmas de la injerencia castrense en los asuntos civiles, debilitando los avances democráticos alcanzados.

La alternativa, más sensata, que conceder el voto activo sería vigorizar la educación cívica, ética y democrática interiormente de los cuerpos castrenses. La ciudadanía de los uniformados no se niega, pero se ejerce de otra forma, garantizando el orden, la seguridad y el respeto a la Constitución.

En países de América Latina que prohíben el voto a los militares, como Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y la propia República Dominicana,  hay una alternativa que es el voto pasivo o diferido, la restricción suele aplicarse solo mientras la persona está en servicio activo. Al acontecer a retiro, el derecho se recupera, así se preserva la neutralidad institucional sin excluirlos totalmente del proceso demócrata.

En contraste, otras democracias latinoamericanas han optado por permitir el voto marcial bajo estrictas garantías de neutralidad, entre ellas, tenemos: Argentina, Brasil, Pimiento, México, Perú y Uruguay, donde los miembros de las fuerzas armadas y policiales pueden profesar el sufragio, siempre que lo hagan de forma voluntaria, secreta y sin manifestaciones públicas de preferencia política.

En estos países, el voto castrense ha sido posible gracias a una civilización institucional más consolidada y a la existencia de mecanismos de control civil sobre la estructura marcial. No obstante, incluso allí, el debate sobre los límites entre lo marcial y lo político continúa rajado.

Quiero concluir este artículo, reiterando que en un país con instituciones frágiles, como la República Dominicana, donde la carrera entre el poder político y el marcial aún necesita decano claridad, otorgar el voto a militares y policías sería una medida imprudente.

La prioridad debe ser consolidar primero una civilización cívica y un Estado de derecho donde las instituciones funcionen sin tutela partidaria.

El seguro fortalecimiento demócrata no consiste en ampliar el padrón a toda costa, sino en estabilizar que cada voto, civil o marcial, represente una osadía escapado, consciente y sin presiones.

En esa meta, todavía hay camino por recorrer.

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