DEA desmantela red de fentanilo dirigida desde RD en EE. UU.; seis detenidos

Santo Domingo.- La Delegación deControl de Drogas de Estados Unidos (DEA), en coordinación con el FBI y el Clan de Trabajo de Seguridad Doméstico de New Haven (HSTF), arrestó a seis personas acusadas de integrar una red de narcotráfico y tráfico de armas de fuego que operaba en los estados de Connecticut, Nueva York y Nueva Chaleco, presuntamente dirigida por un ciudadano dominicano residente en la República Dominicana.

El anuncio fue realizado por el fiscal federal del Distrito de Connecticut, David X. Sullivanquien informó que los detenidos son Manolin Vargas D’Olón, apelativo “Robelín”, de 30 primaveras; Juan Benoit, de 41; Álvaro Pérez, de 40; Anderson Amador Nova, de 35; Querubín Vásquez, apelativo “Bebo”, de 36; y Andy Martínez, de 46 primaveras.

Según documentos judiciales, la ordenamiento distribuía narcóticos y armas de fuego a través de múltiples redistribuidores en varias ciudades del noreste de Estados Unidos.

Durante la investigación, las autoridades realizaron más de 30 compras controladas, en las que se incautaron más de un kilo de fentanilo, más de 200 gramos de metanfetamina y al menos 17 armas de fuego.

El exploración de laboratorio del fentanilo reveló que parte de la sustancia estaba mezclada con bromazolam, una benzodiazepina sintética relativamente nueva, identificada cada vez con longevo frecuencia en combinaciones de drogas asociadas a sobredosis fatales.

Las autoridades además alegan que el ciudadano dominicano señalado como líder de la red afirmó tener la capacidad de ordenar actos de violencia contra personas en paraje estadounidense.

Inculpación federal y posibles condenas

Un gran tribunal federal de New Haven emitió el pasado 9 de diciembre de 2025 una delación formal de 15 cargos contra los seis imputados, la cual fue hecha pública este martes. Los cargos incluyen conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir fentanilo y metanfetamina, así como múltiples delitos relacionados con el tráfico ilegal de armas de fuego.

De ser hallados culpables, Vargas D’Olón enfrentaría una pena mínima obligatoria de 10 primaveras de prisión y hasta cautiverio perpetua. Benoit, Pérez y Amador Nova podrían admitir penas mínimas de cinco primaveras y máximas de hasta 40 primaveras de prisión, mientras que Vásquez enfrenta una pena máxima de 20 primaveras. Los cargos por tráfico de armas conllevan penas adicionales de hasta 15 primaveras de prisión por cada imputación.

Vargas D’Olón, Benoit, Vásquez y Martínez están acusados de conspiración para el tráfico de armas; Vargas D’Olón enfrenta por otra parte cargos por posesión ilegal de un armas de fuego como extranjero en situación migratoria irregular; Vásquez por posesión de un armas como delincuente convicto; y Vargas D’Olón, Benoit y Vásquez por transferencia ilegal de armas.

Cargos adicionales por pornografía inmaduro

El expediente procesal detalla que en mayo de 2025, Vargas D’Olón fue arrestado por cargos estatales de narcóticos. Luego, el exploración de un teléfono celular incautado reveló archivos de video e imágenes que contenían pornografía inmaduro, almacenados en carpetas de gusto de la aplicación de transporte encriptada Telegram.

Por este hecho, un gran tribunal emitió una delación formal separada contra Vargas D’Olón por posesión de pornografía inmaduro, delito que conlleva una pena máxima de 20 primaveras de prisión.

Situación procesal

Los seis acusados comparecieron frente a un tribunal federal. Vargas D’Olón, Pérez, Amador Nova y Vásquez permanecen detenidos, mientras que Benoit y Martínez fueron liberados bajo fianza y enviados a arresto domiciliario.

El fiscal Sullivan reiteró que una delación formal no constituye una prueba de culpabilidad y que todos los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario más allá de toda duda moderado.

El caso forma parte de la iniciativa del Clan de Trabajo de Seguridad Doméstico (HSTF), creada para combatir organizaciones criminales transnacionales, el tráfico de drogas y armas, así como delitos que involucren a menores, mediante una coordinación interinstitucional a nivel federal.

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