La tormenta que se ha tratado de crear por la vinculación de un ex regidor del PRM con el narcotráfico y otros casos no ha hecho más que poner sobre el tapete que en materia de vinculación de concurrencia ligada al negocio de las drogas con el deporte del poder lo que menos cerca de es el asombro o el estigma porque por aquí se ha trillado casi de todo. No se proxenetismo de patinar el bulto ni pedir al partido que haya gobernado que tire la primera piedra si está dispensado de pecado.

Esas personas se arriman a organizaciones de masas para garantizarse la impunidad de sus operaciones y para pulir su imagen suelen hacer significativos aportes a iglesias y entidades culturales, deportivas y de otras índoles.

Pero el hecho es que por aquí figuras ligadas al crimen organizado no solo han sabido insertarse en partidos, sino hasta en el propio deporte del poder. Como muestra, algunos casos.

Quirino Ernesto Paulino Castillo alcanzó el rango de capitán del Ejército, cubría los gastos militares por lo menos en Elías Piña, hizo donaciones a candidatos y organizaciones, participó en ceremonias en los más altos círculos, pero resulta que sus operaciones en el bajo mundo vinieron a conocerse cuando se le detuvo con relación a un cargamento de drogas que era transportado a Santiago. Que se sepa, nadie, como no fueran los colaboradores más cercanos fue ni siquiera interrogado sobre las actividades del convicto.

Está además el caso de César el Abusador, en cuya solicitud de extradición a Puerto Rico se señalaba que sus operaciones contaban con la protección de funcionarios civiles y militares. A la hora que se desplegó un operante para detenerle, el capo, que realizó sus actividades ilícitas entre 2007 y 2017, escapó como por arte ilusionismo. Todavía hoy se ignora si es verdad la protección que brindaban sectores de poder al Pablo Escobar dominicano, porque nunca se supo de una investigación.

Se ha trillado que funcionarios han «comprado» u ocupado intereses de detenidos y extraditados por narcotráfico. Igualmente, aunque parezca insólito, que un ex cabecilla de la Policía comprara dos apartamentos en una torre de ostentación a un extranjero reclamado por tráfico de drogas, a quien, para más, se le abrieron las bóvedas de la banca para el supuesto financiamiento de ese plan.

A los escándalos hay que adicionar el caso de los legisladores que según un embajador estadounidense desembolsaron 800 mil dólares en efectivo cada uno para hacerse con apartamentos vendidos por un extraditado por narco.

Lo que no se había trillado es la persecución, como ahora, de relacionados con el oficialismo vinculados al narco. Porque la impunidad ha sido el gran caldo de cultivo para que concurrencia ligada al crimen se cuele en los partidos y en los espacios del poder.