El autor es periodista y exdiputado. Reside en Barahona

El robo del petrolero venezolano en aguas del Caribe, ejecutado por Estados Unidos bajo el amparo de sanciones unilaterales, y asumido públicamente por Donald Trump como demostración de poder, no constituye un hecho marginado ni una excentricidad coyuntural, sino que se inscribe en una ascenso que combina coerción económica, despliegue marcial y apropiación directa de fortuna estratégicos, reinstalando a la región en el centro de una disputa que desconoce el derecho internacional.

Ese episodio ocurre mientras el Caribe es rodeado por una cimentación marcial desproporcionada frente a hipocresía de objetivos oficialmente declarados, ya que el reiterado discurso del combate al narcotráfico contrasta con la selección de blancos económicos y políticos, revelando que la seguridad regional funciona más como coartada que como finalidad actual, en un contexto donde el control energético y la subordinación geopolítica resultan determinantes.

La interceptación del buque con crudo venezolano introduce un hecho cualitativamente nuevo en la política de presión contra la República Bolivariana de Venezuela, porque desplaza la coerción desde el circunscripción financiero con destino a la apropiación material de intereses estratégicos, avanzando más allá del congelamiento de activos o del aislamiento de transacciones para establecer el despojo directo como aparato de presión política.

Ese paso se da en un contexto de creciente militarización del Caribe, donde la presencia naval y aérea estadounidense no cumplimiento proporción con las amenazas invocadas, imponiéndose una método de control territorial y disuasión política más cercana a escenarios de confrontación que a operaciones de seguridad, reforzando la percepción del Caribe como espacio de maniobra imperial.

La importancia del hecho no reside exclusivamente en la pérdida económica que supone para Venezuela, sino en la normalización de una destreza que sustituye el derecho multilateral por la voluntad personal, ya que la aplicación extraterritorial de la constitución estadounidense sobre intereses de otro Estado erosiona principios básicos del orden internacional y convierte a la región en laboratorio de métodos replicables.

Piratería de Estado en el siglo XXI

La apropiación de un buque petrolero no puede presentarse como un acto burócrata ni como simple extensión del régimen de sanciones, porque implica el uso directo de la fuerza para despojar a un Estado soberano de un procedimiento importante, y al no existir lucha declarada ni mandato internacional, la movimiento se sitúa fuera de cualquier ámbito de rectitud obligado.

Conviene subrayar que el corso, figura histórica utilizada para legalizar el saqueo en nombre de una corona, fue abolido hace más de un siglo, por lo que en el orden procesal contemporáneo no existe la piratería admitido, y cuando un Estado intercepta y confisca intereses ajenos fuera de su mando, sin respaldo multilateral, actúa deliberadamente por encima de la ley.

Lo más inquietante es la pretensión de legalizar ese comportamiento mediante el jerigonza, porque presentar el despojo como “aplicación de sanciones” búsqueda habituar a la comunidad internacional a que la fuerza sustituya al derecho, convirtiendo la excepcionalidad en regla y consolidando una forma de piratería de Estado compatible con discursos oficiales de rectitud.

La comprensión de este momento exige mirar con destino a a espaldas, ya que el Caribe fue desde temprano tratado como espacio donde la violencia podía imponerse sin restricciones, como ocurrió cuando Sir Francis Drake asaltó Santo Domingo en el siglo XVI, un hecho celebrado por Inglaterra como servicio imperial y vivido por los pueblos del Caribe como piratería abierta que reveló la fragilidad del orden colonial.

Esa método no se agotó en episodios aislados, sino que se reprodujo durante siglos bajo distintas formas, en la medida en que el filibusterismo, las expediciones punitivas y las intervenciones llamadas “preventivas” respondieron siempre a una misma exigencia estratégica orientada al control de rutas, fortuna y territorios, legitimando el saqueo como civilización, castigo o defensa de intereses superiores.

Con el avance de Estados Unidos en el siglo XIX, esa destreza no desapareció, sino que se reorganizó bajo nuevas doctrinas, porque la Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto ofrecieron un ámbito ideológico que justificó la intervención permanente en el Caribe, transformándolo en frontera avanzadilla de la expansión estadounidense.

Zona de paz y ingenuidad imperial

La proclamación del Caribe como Zona de Paz, adoptada por la CELAC en 2014, expresó la voluntad de los pueblos de la región de romper con esa herencia de violencia e intervención, pero esa proclamación convive con prácticas que la contradicen abiertamente, ya que mientras se invoca la paz como principio se mantienen mecanismos de coerción económica, presión diplomática y presencia marcial.

Desde Sir Francis Drake hasta Donald Trump, el hilo que atraviesa la historia caribeña no es la excepción, sino la persistencia del saqueo bajo distintas formas, porque ayer con cañones y abordajes y hoy con sanciones, guardacostas y tribunales domésticos, el Caribe sigue siendo tratado como frontera habitable, aun cuando sus pueblos han proclamado, con plena conciencia histórica, su derecho a poblar en paz y soberanía.

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