EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Los países donde el Estado permitió que agentes civiles se arrogaran la seminario de intervenir para supuestamente poner orden en medio de alguna conflictividad social terminaron pagando un elevadísimo precio.

Ya fueran las tenebrosas AAA durante la dictadura criminal argentina, o las llamadas autodefensas colombianas, para solo citar dos casos terriblemente criminosos, el resultado de dejar campo exento a sus tropelías y matonismo, resultó en una salida de control con resultados efectivamente alarmantes.

Sin confiscación, es oportuno establecer ciertas diferenciaciones entre la AAA argentina—protector criminal apéndice de la dictadura—y las autodefensas colombianas que en un principio estaban desconectadas del Gobierno, pero luego este se auxilió en forma de grupos paramilitares al servicio del crimen estatal.

Estos ejemplos y varios más que pudiéramos reflectar —sin que necesariamente haya que establecer una parecido concreta— son experiencia más que diserto para clamar la atención del Gobierno dominicano acerca de la irresoluto por la que pretende deslizarse la emplazamiento «Antigua Orden Dominicana».

Imperio de la ley

A ese corro hay que someterlo tempranamente al imperio de la ley, y recapacitar a sus dirigentes cuál es el final que tienen como estructura civil sin capacidad para intervenir en el ámbito de la autoridad lícito.

Nuestro llamado de atención no significa que acusemos a la entidad de hacerse cargo un comportamiento delictivo, pero desde el momento en que pretende impedir el avance de actividades similares a las suyas—con los mismos fines o con propósitos distintos—se sitúa en la condición de paraestatal, un paso previo a la sucesivo de paramilitar, generando un estado de confusión frente a terceros que no sabrían si un corro civil sin facultades legales le puede salir al frente al entrenamiento pleno de sus derechos ciudadanos, entre los cuales está la manifestación con fines pacíficos.

Aquí no podemos andarnos por las ramas ni dorando la píldora solo por el hecho de que la entidad en cuestión se haya empoderado al hacerse cargo una causa que es doméstico y, por consiguiente, concerniente a todos los dominicanos.

La amenaza puyazo el pasado fin de semana por dirigentes del corro, en el sentido de no permitir la celebración de una manifestación supuestamente prohaitiana, definió un perfil abyecto de una entidad particular que pretende sustituir al Estado.

Si adecuadamente las autoridades han puesto las cosas claras en el sentido de que ninguna persona ni entidad particular puede suplantar las prerrogativas del Estado, el nivel de envalentonamiento que han pillado ciertos individuos encumbrados por los medios de comunicación, pudiera eventualmente hacer retroceder a quienes están investidos de las facultades constitucionales y legales para que, en el cumplimiento del deber, adopten las medidas que las normativas establecen en materia de entrenamiento de derechos.

Supongo que sobrarán quienes traten de ubicar a uno en tal o cual corriente, lo cual nos importa un comino, pues debemos hacer esta advertencia para luego no resulte tarde.

De pretensiones como las de esta estructura a la confrontación y al caos hay un paso.

Nelsonencar10@gmail.com

Jpm-am