Por Israel Figueroa.– Tras el software N Investigación Periodística revelar que a un montón de empleados del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) se les requería realizar aportes periódicos equivalentes a un porcentaje de su salario para sostener el movimiento político Jóvenes Unidos por el Cambioordenamiento fundada y coordinada por el recién destituido rector Rafael Féliz García, testimonios de exempleados indican que este esquema no sería un hecho separado y que se habría replicado en otras entidades públicas donde el exfuncionario ocupó cargos en los últimos cinco abriles.
Según denuncias, este esquema no solo operó en el ITLA sino que llevaría más de 5 abriles en vigor, conforme reveló un exempleado del Ocupación de la Adolescencia.

Colaboradores de ITLA habrían sido instruidos a comentar en redes sociales en defensa de la dirección de Rafael Oportuno y a firmar cartas de descargo afirmando que no fueron coaccionados para realizar aportes. Capturas de mensajes y testimonios recogidos sostienen que algunos empleados recibieron llamadas para suscribir dichos documentos.

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Rafael Oportuno García, de 29 abriles, asumió la rectoría el 17 de julio de 2024. Previamente fue ministro de la Adolescencia y vicerrector en el Instituto Técnico Superior Comunitario de San Luis. Adicionalmente, se desempeña como docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Rápido crecimiento patrimonial

Las investigaciones incluso ponen el foco en el rápido crecimiento patrimonial del rector.

De acuerdo con comparaciones entre las tres declaraciones juradas presentadas al aceptar distintos cargos, pasó de no fallar inmuebles ni activos relevantes a comprar un penthouse valorado en más de RD$10.7 millones y una yipeta de incorporación serie, adicionalmente de ampliar su décimo en negocios familiares y registrar una nueva empresa durante su dirección pública.

De abonar poco más de 16 mil pesos de arriendo a comprar el 21 de junio de 2023, cuando tenía 2 abriles y medio como ministro de la Adolescencia, mediante un préstamo en el faja de Reservas, un penthouse  en la  pelotón E-7 de la Torre Onix XV- XVI,  calle Ramón Santana 20 en Gascue, valorado en su manifiesto en 10 millones 735 mil pesos.

Todo ello, señalan los reportes, sin evidencia pública de herencias, donaciones o ingresos empresariales de parada rendimiento.

Otro medio ambiente bajo indagación es el nivel de endeudamiento notorio, que superaría los RD$15 millonescon varios préstamos activos de forma simultánea, por lo que se puede cuestionar cómo un funcionario con ingresos netos mensuales cercanos a RD$200,000 puede sostener compromisos financieros de esa magnitud sin afectar su solvencia.

De igual modo, aumentó su décimo en el negocio sabido, Felga Fondos Raíces  SRL al acaecer de una cuota social valorada en 2 mil pesos a 800 cuotas y se sumó una nueva inversión en Licorería Uikucabo Rojo SRL registrado en ONAPI el 31 de agosto de 2023, con la dirección de su vivienda, aunque el negocio está emplazado en las inmediaciones del parque central de Pedernales y registrado en la Cámara de Comercio de esa provincia en 2023, cuando aún era ministro de la Adolescencia, poco puede ser cuestionable, políticamente incoherente y socialmente contradictorio. Mientras, como funcionario debe promover la sanidad, educación y el incremento de los jóvenes, por otro pretende tener  un negocio que contradice la empresa de la institución que dirige.

En respuesta a las denuncias, la ITLA informó que remitió documentación a la Dirección Común de Ética e Integridad Gubernativo, encabezada por Milagros Ortiz Bosch, para una revisión preventiva. La institución negó que existan retenciones de salario con fines políticos, aunque los denunciantes precisan que los aportes señalados serían en efectivo o por transferencias a cuentas de terceros, no deducciones institucionales.

Asimismo, otras denuncias internas relacionadas con presunta tolerancia a prácticas irregulares, incluidos casos judiciales de colaboradores y una querella por acoso gremial y sexual presentada por una empleada, cuyo desenlace incluso ha sido cuestionado por la denunciante.

Las investigaciones continúan, mientras los denunciantes reclaman esclarecimiento institucional, protección a testigos y una auditoría integral que permita determinar responsabilidades administrativas y, de ser necesario, penales.