La Comisión de Infraestructura de la Fuerza del Pueblo (FP) exigió este lunes la suspensión inmediata de la concurso del Monorriel de Santo Domingo, al considerar que el plan presenta irregularidades legales, equivocación de transparencia y un costo superior al del Metropolitano, pese a tener beocio capacidad y eficiencia operativa.
El ingeniero César Fernández, dijo en representación de la Comisión de Infraestructura que el proceso Fitram-CCC-LP-2025-0001 vulnera principios establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, y alertó que el maniquí de ejecución adoptivo “pone en aventura la sostenibilidad financiera y técnica del transporte masivo en el país”.
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En su testimonio, Fernández dejó claro que la Fuerza del Pueblo no se opone a ampliar el transporte manifiesto.
“Creemos en la movilidad masiva, moderna y capaz como un derecho de la concurrencia”, precisó, al tiempo de afirmar que el partido respalda todo plan de transporte que sea viable, transparente y sostenible para la ciudadanía.
Al afrontar la capacidad y planificación del Monorriel, Fernández indicó que el sistema propuesto nace por debajo de la demanda vivo del corredor, con una capacidad tope de 20 mil pasajeros por hora/sentido, frente a los 27 mil que ya maneja el Metropolitano de Santo Domingo.
A su entendimiento, escoger un modo de beocio capacidad en un eje de inscripción demanda “condena a la red a la saturación temprana”, obliga a mayores intervalos de paso y limita la posibilidad de absorber crecimientos de flujos en horas pico.
Fernández agregó que el esquema 100 % elevado y la tecnología propietaria del monorriel restringen la escalabilidad y dificultan la integración plena con el sistema existente (Metropolitano y corredores alimentadores). Señaló que cambios de flota, ampliaciones de estaciones y evacuaciones en categoría encarecen y complican la operación, cuando el país ya dispone de una infraestructura metroviaria probada y escalable.
En ese sentido, Fernández al presentar el referencia de la comisión citó al ingeniero Jeffrey Infante, quien abordó los costos y operación del plan, destacando que el costo por kilómetro del monorriel se sitúa en una cuadrilla superior a la del Metropolitano, pese a entregar beocio capacidad.
Infante detalló que la combinación de viaductos continuos, aparatos de vía especiales, material rodante específico y repuestos no estandarizados eleva la inversión auténtico y los costos de ciclo de vida.
“No hay economía fiscal: se paga más por transportar menos”, resumió el comisionado.
De acuerdo con Fernández, Infante además advirtió que el consumición eficaz del monorriel tiende a ser más parada por consumo energético, mantenimiento de vigas y provisión de rescate o eyección, rubros que presionan la sostenibilidad financiera del plan. A esto se suma la dependencia de proveedores únicos, lo que aumenta riesgos y reduce márgenes de negociación para el Estado.
A continuación, Fernández citó al comisionado Wilkin Atezado, quien trató el tema de los riesgos y estándares internacionales.
Atezado señaló que, conforme a buenas prácticas internacionales, los monorrieles se recomiendan para corredores de demanda media, mientras que para flujos sostenidos por encima de 20–24 mil pasajeros por hora/sentido, la humanidades técnica sugiere medida pesado, por su robustez, sobra y capacidad de crecimiento.
“El diseño debe objetar a la demanda del corredor, no a la novedad tecnológica”, puntualizó.
Fernández explicó que, según Atezado, existen riesgos operativos asociados a evacuaciones en categoría, interrupciones por fallas en un viaducto único y tiempos de recuperación frente a incidentes, factores que impactan en la confiabilidad del servicio.
“La resiliencia y la seguridad operacional son determinantes en un sistema masivo, y no se evidencian garantías suficientes en el pliego para mitigar estos riesgos”, precisó Fernández.
En lo referente a los fideicomisos y la opacidad financiera, Fernández citó al diputado Tobías Crespo, quien denunció equivocación de transparencia en la estructura fiduciaria del FITRAM, al tratar con escaso control parlamentario y sin auditorías externas publicadas.
Crespo reclamó la divulgación del entendimiento de fideicomiso, sus estados financieros, la matriz de riesgos y los compromisos contingentes para el fisco, a fin de evitar que el plan genere endeudamiento encubierto o obligaciones futuras no autorizadas.
“El país no puede comprometer posibles multimillonarios sin una debida diligencia completa y transparente”, subrayó.
Seguidamente, Fernández citó al arquitecto Carlos Sully Bonelly, quien analizó los aspectos de transparencia y concurso.
Bonelly cuestionó el proceso licitatorio, al considerar que presenta deficiencias de transparencia, plazos y condiciones restrictivas, así como documentación técnica incompleta para una contratación de esta envergadura.
Sostuvo que tales condiciones afectan la osado competencia y pueden valer indebidamente a determinados oferentes.
“Sin información completa y verificable, no hay transparencia ni competencia efectiva”, afirmó.
De igual forma, Fernández citó al jurista Manuel Fermín Cabral, quien expuso sobre las irregularidades legales y la Ley 340-06.
Fermín Cabral advirtió posibles violaciones a los principios rectores de dicha ley, particularmente los de publicidad, igualdad, transparencia y osado competencia.
Señaló que un proceso con bases incompletas o restrictivas podría ser susceptible de impugnación e incluso de nulo.
Llamado de la Comisión
Al suspensión de la exposición, el ingeniero César Fernández, en nombre de toda la Comisión de Infraestructura de la Fuerza del Pueblo, reiteró el llamado a suspender de inmediato la concurso FITRAM-CCC-LP-2025-0001, auditar el fideicomiso FITRAM y reorientar la inversión a la expansión del Metropolitano de Santo Domingo, “un sistema de anciano capacidad, beocio aventura y mejor retorno social para el país”.
Asimismo, la comisión instó al Gobierno y a los órganos de control a objetar públicamente a estas observaciones, informar los estudios completos del plan y convocar audiencias técnicas con décimo de la agrupación, colegios profesionales y sociedad civil, antiguamente de comprometer posibles del Estado.






