El autor es comunicador. Reside en Nueva York

POR LUIS M. GUZMAN

En la República Dominicana no estamos frente a errores aislados ni simples fallas administrativas, sino en presencia de un maniquí institucional profundamente defectuoso. Las llamadas empresas públicas “autónomas” se han transformado en verdaderas zonas grises del poder. Manejan fortuna públicos multimillonarios, influyen en servicios esenciales y toman decisiones estratégicas, pero operan fuera de los controles estrictos del Estado. No son ministerios ni empresas privadas reales, son híbridos funcionales a la impunidad.

La autonomía fue presentada como correspondiente de modernización, eficiencia y agilidad. Sin secuestro, en la maña terminó funcionando como una coartada técnica para debilitar la fiscalización. Se eliminaron trámites, pero incluso alarmas; se aceleraron procesos, pero se apagaron contrapesos. El resultado es un máquina estatal rápido para desgastar, flemático para supervisar y casi inexistente cuando se comercio de admitir responsabilidades políticas.

El caso del Seguro Franquista de Salubridad (SeNaSa) es ilustrativo y inquietante. Para que las irregularidades hoy denunciadas se acumularan durante primaveras, no falló una sola entidad, fallaron más de vigésimo instituciones del Estado dominicano. Ministerios, órganos de control, supervisores sectoriales, consejos directivos y auditorías internas convivieron con el problema sin corregirlo. Vigésimo fallas simultáneas no son casualidad: son la prueba de un colapso sistémico.

Cuando más de vigésimo instituciones fallan al mismo tiempo, la pregunta central deja de ser “¿quién robó?” y pasa a ser “¿para qué sirve el Estado?”. Un sistema donde todos observan, nadie actúa y nadie contesta no es débil por contratiempo; es esforzado en su capacidad de proteger la inacción. La corrupción estructural no grita ni deja rastros evidentes, se normaliza, se administra y se vuelve rutina.

Poco muy similar ocurre con Seguros Reservas, una aseguradora propiedad indirecta del Estado que compite en el mercado como empresa privada, pero sin admitir los riesgos del mercado. En los últimos primaveras ha mostrado pérdidas operativas sostenidas, aumentos desproporcionados en comisiones, nóminas infladas y gastos publicitarios excesivos. Aun así, recibe rescates constantes del Banreservas, sin consecuencias visibles para su diligencia.

Aquí no se deje necesariamente de delitos penales comprobados ni de maletas de monises. Se deje de poco más corrosivo: ineficiencia crónica financiada con fondos públicos, decisiones sin costo político y conflictos de interés tolerados como parte del paisaje. Todo luce constitucional, todo tiene firma y resolución administrativa, pero mínimo resiste una auditoría ética rigurosa ni una evaluación seria de resultados.

La corrupción estructural no siempre roba; muchas veces drena. Drena fortuna en comisiones infladas, contratos repetidos con los mismos proveedores, campañas publicitarias que no mejoran los servicios y nóminas que crecen sin respaldo técnico. Es una corrupción elegante, de escritorio, que no provoca escándalos inmediatos, pero debilita lentamente la capacidad del Estado y la confianza de la ciudadanía.

El infructifero constitucional es uno de los núcleos del problema. Estas entidades no están plenamente sometidas a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones ni al control preventivo continuo de la Contraloría Militar. Al mismo tiempo, siquiera enfrentan la disciplina del mercado, no quiebran, no desaparecen y siempre cuentan con el rescate estatal. Se crea así un sistema perverso de desembolso sin control y socorro resguardado.

De ese diseño nace la captura institucional. Consejos directivos integrados por cuotas políticas, supervisores sin capacidad sancionadora, informes financieros poco accesibles y un Congreso que fiscaliza de forma selectiva completan el círculo. No hace errata una conspiración organizada, pespunte con la comodidad del silencio, la normalización de la opacidad y la desaparición de consecuencias reales.

El daño no es general ni teórico. Se traduce en servicios más caros, beocio calidad, desconfianza ciudadana y competencia distorsionada. Empresas privadas que sí pagan el precio de la ineficiencia compiten en desventaja frente a entidades estatales con guindola ilimitado. El resultado es un mercado desigual y un Estado que subsidia su propia ineficacia.

El debate divulgado suele centrarse en nombres propios, quién dirigía SeNaSa, quién estaba al frente de Seguros Reservas, quién firmó tal o cual anuencia. Esa discusión es necesaria, pero insuficiente. Mientras vigésimo instituciones puedan decidir sin consecuencias, cambiar personas no cambia el resultado. El problema no es solo quién gestiona, sino el sistema que permite decidir sin rendir cuentas.

La longevo amenaza para la democracia dominicana no es la corrupción burda, sino la corrupción estructural, la que es constitucional, silenciosa y sostenida por un diseño institucional defectuoso. Un Estado que crea empresas “autónomas” para escapar del control termina siendo rehén de ellas. Y mientras no se corrija ese diseño, los escándalos seguirán apareciendo tarde… y costándonos caro a todos.

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