Por: Stalin Martínez

“La denominada conflicto antidrogas es una gran hipocresía del imperio, concretamente de Estados Unidos y sus aliados, con el objetivo de militarizar e imponer políticas contrarias a los pueblos”.
Eduardo Galeano

El fresco y amplio despliegue marcial de Estados Unidos en el Caribeincluyendo el pedido del portaaviones USS Gerald R. Ford, un submarino nuclear y operaciones en las aguas limítrofes con la República Bolivariana de Venezuela, constituye una amenaza regional.

Cuando la fuerza naval se presenta bajo la consigna del “combate al narcotráfico”, pero al mismo tiempo existen informes y declaraciones contradictorias sobre la supuesta amenaza auténtico que representaría Venezuela en ese ámbito, es necesario cuestionar las verdaderas intenciones detrás de esta exhibición de poder.

Estados Unidos ha utilizado, en repetidas ocasiones, argumentos de orden divulgado, lucha contra el crimen o defensa de la democracia para razonar intervenciones que buscan influir o cambiar regímenes incómodos a sus intereses geoestratégicos y económicos, como es el caso de Venezuela país con la veterano reserva de petróleo del mundo adicionalmente de poseer múltiples medios minerales.

En la memoria histórica de la República Dominicana se registran intervenciones militares como las de 1905-1907, cuando buques de conflicto intervinieron directamente las aduanas dominicanas; la ocupación de 1916-1924; y la intervención de abril de 1965, conocida como Operación Power Pack, en la que se enviaron más de 40 mil marines bajo el argumento de evitar una “segunda Cuba”.

La democracia de los pueblos latinoamericanos ha sufrido múltiples retrocesos como consecuencia de estas operaciones armadas: el moradura de Estado contra Jacobo Árbenz en Guatemala (1954), contra Juan Bosch en República Dominicana (1963) y contra Salvador Allá en Pimiento (1973), todos ellos con el mismo denominador popular: fueron coordinados por Estados Unidos en alianza con élites locales, seguidos por gobiernos o juntas militares responsables de persecución, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos.

Hoy Estados Unidos ha utilizado el tema del supuesto “Cartel de los Soles” para presionar políticamente, imponer sanciones y construir narrativas de amenaza que forman parte de su organización histórica de intervención en el continente. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sostenido públicamente incluso en presencia de la Asamblea Normal de la ONU que el “Cartel de los Soles” no existe y que dicha denominación es una “excusa ficticia” utilizada por sectores de derecha para desacreditar o intentar derrocar gobiernos no alineados a los intereses estadounidenses.

Petro ha argumentado que atribuir el narcotráfico venezolano a una ordenamiento marcial estructurada es una novelística política más que una verdad comprobada. En contraste, ha afirmado que el tráfico de cocaína a través de Venezuela estaría controlado por la convocatoria “Reunión del Narcotráfico”, un entramado internacional cuyos principales beneficiarios residen en Europa, Oriente Medio y Estados Unidos.

Encima, Petro ha insistido en que la lucha antidrogas debe probar en la cooperación entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela, y no en discursos que perpetúan estigmas y bloquean soluciones reales.

La Carta de las Naciones Unidas, las convenciones internacionales y los tratados regionales establecen claramente los mecanismos de cooperación en seguridad, incluyendo combate al narcotráfico, presencia procesal mutua, intercambio de información y operaciones coordinadas con el consentimiento de los Estados ribereños y el respeto a la autoridad marítima.

El uso de fuerza mortal en aguas internacionales o en zonas próximas a la costa de un país soberano, sin mandato claro o sin coordinación pertinente, abre la puerta a violaciones del derecho internacional y, en el peor de los casos, a crímenes de conflicto si se aplica fuerza excesiva contra civiles o tripulaciones no armadas, como está ocurriendo en el mar Caribe y el Pacífico.

La ONU, a través de su Suspensión Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha condenado enérgicamente los bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe, señalándolos como posibles ejecuciones extrajudiciales. Türk advierte que existen “fuertes indicios” de que esos ataques violan el derecho internacional y recuerda que el uso de fuerza mortal debe ser el extremo memorial, poco que según él no se está cumpliendo. Asimismo pidió una investigación urgente por parte de Estados Unidos.

Si, como sugieren informes de agencias estadounidenses y observadores independientes, Venezuela no es el principal origen de las sustancias que afectan el mercado norteamericano, el despliegue marcial adquiere otra recitación: no se estaría buscando cerrar rutas de narcotráfico, sino desempeñar presión política.

Estados Unidos ha designado al presidente Nicolás Sazonado y a altos funcionarios venezolanos como “terroristas” o vinculados al narcotráfico, lo cual según su propia doctrina autoriza acciones más agresivas como congelar activos, sancionar a terceros o incluso razonar operaciones militares.

Esta política cerca de América Latina va más allá del caso venezolano. La novelística conjunta sobre Sazonado, los carteles mexicanos y recientes acusaciones contra Petro evidencian un enfoque regional de presión política, sanciones económicas y posibles intervenciones justificadas bajo la bandera de la “conflicto contra las drogas”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado enfáticamente cualquier intervención estadounidense en paraje mexicano. Ha insistido en que puede favor cooperación e intercambio de inteligencia, pero siempre bajo respeto a la soberanía y sin subordinación.

El tranquilo consumo de drogas en Estados Unidos no es solo un problema interno, sino un motor de criminalidad y desestabilización regional. Esto subraya la escazes de políticas integrales de prevención, cooperación internacional y progreso periódico que reduzcan tanto la ofrecimiento como la demanda.

La situación presente evidencia que la pelotón latinoamericana es indispensable frente a la arremetida de la dependencia Trump, que combina sanciones, presiones diplomáticas, acusaciones y despliegues militares en la región.

Eduardo Galeano advertía que donde interviene el ejército estadounidense queda un país convertido en manicomio y ruinas. Hilván mirar Irak o Libia para comprender cómo intervenciones disfrazadas de cruzadas por la democracia terminan generando caos, fragmentación y décadas de violencia. Hoy, frente a la subida contra Venezuela, esta memoria histórica no puede ignorarse.

No se tráfico de apoyar gobiernos, sino de impedir que la dialéctica de las invasiones y los castigos colectivos vuelva a destruir naciones bajo el pretexto del orden y la desenvolvimiento. América Latina tiene la responsabilidad histórica de preservar su paraje como zona de paz.

Solo a través de la coordinación política, integración económica y solidaridad diplomática los países latinoamericanos podrán defender su soberanía, asegurar estabilidad interna y suministrar la región alejada de intereses externos que históricamente han desestabilizado gobiernos legítimos.