EL AUTOR es medidor y docente universitario. Reside en Santo Domingo.

Cuba enfrenta una crisis alimentaria profunda que se ha intensificado en los últimos abriles. Estimaciones independientes sitúan la inseguridad alimentaria entre un 30 % y un 40 % de la población.

Aproximadamente de un 10 % a 15 % no alcanza el reducido recomendado de 2,100 calorías diarias. La escasez ya no es episódica, sino estructural y cotidiana.

La producción agrícola franquista ha caído de guisa sostenida durante la última decenio. Rubros básicos como arroz, carne de sucio y cuajo muestran descensos significativos.

El país importa entre el 70 % y el 80 % de los alimentos que consume. Sin divisas suficientes, el avituallamiento se vuelve inestable.

La inflación ha deteriorado gravemente el poder adquisitivo de los hogares. Encuestas independientes indican que muchos ciudadanos han escaso sus comidas diarias. Un porcentaje relevante afirma manducar solo dos veces al día o menos. La calidad nutricional además se ha trillado afectada.

Los grupos más vulnerables son los más golpeados por la crisis. Adultos mayores, embarazadas y enfermos crónicos presentan mayores riesgos. Los reportes sobre malnutrición han aumentado en los últimos abriles. El impacto social se refleja en hospitales y comunidades rurales.

El debate internacional suele centrarse en el bloqueo estadounidense. Sin bloqueo, Cuba puede importar alimentos desde EE. UU. bajo excepciones vigentes desde 2000. Esto demuestra que el problema no es solamente comercial. Todavía existen factores internos de productividad y dirección.

En el plano político interno, algunos analistas sostienen que el propio presidente de Cuba podría convertirse en la figura que impulse cambios graduales desde interiormente del sistema. Una transición ordenada requeriría flexibilizar controles, ampliar libertades económicas y rasgar espacios institucionales.

Sin bloqueo, su beneficio de maniobra y liderazgo han sido percibidos como limitados. Esa restricción dificulta que encabece una transformación democrática sostenida.

La dependencia de importaciones expone al país a choques externos.

Cuando escasean divisas, se paralizan compras esenciales. La caída del turismo y las remesas agravó esa vulnerabilidad. El resultado es una cautiverio de escasez recurrente.

En este contexto, la prioridad debe ser humanitaria. Una opción sería coordinar un corredor de ayuda supervisado internacionalmente. El pedido de un barco hospital podría atender urgencias médicas críticas. La audiencia alimentaria temporal aliviaría la presión inmediata.

El desgaste físico y financiero limita la movilización social. La escasez prolongada reduce energía y capacidad organizativa. Diversos estudios vinculan crisis alimentarias con debilidad cívico. El escasez erosiona la capacidad de movimiento colectiva sostenida.

Permitir que la situación escale cerca de un colapso maduro tendría consecuencias graves. Un desastre humanitario profundo haría más daño que cualquier cálculo importante. Adicionalmente, una crisis agravada podría afectar la imagen internacional de cualquier iniciativa externa. Incluso podría comprometer los planes orientados a democratizar la isla.

Si los esfuerzos por democratizar y estabilizar la isla fracasan, el costo político sería elevado. Ese fracaso podría alentar la novelística de quienes apuestan a que todo intento de cambio termine en crisis. Se fortalecerían discursos que utilizan el destrucción como argumento para cobrar espacio político. Por eso, cualquier transición debe priorizar resultados concretos que eviten convertir el sufrimiento humano en aparejo de disputa ideológica.

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