«Más de 32.880 embarazadas afrontarán riesgos adicionales, amenazas y limitaciones como consecuencia del interrupción energético del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. ¡No se debe cerrar el derecho a la vida!», ha aseverado el Profesión en un comunicado difundido a través de redes sociales.

En este sentido, las autoridades cubanas han ducho del impacto directo que pueda conducir el deuda de combustible sobre la salubridad e integridad física de la población restringido, que hace frente a cortaduras en los servicios vitales del sistema váter.

Según datos oficiales, las restricciones en el suministro energético afectan de forma fundamental al Software de Atención Materno De niño, con limitaciones en el comunicación a pruebas con ultrasonido de seguimiento fetal y estudios genéticos, imprescindibles para el dictamen de malformaciones y complicaciones.

Desde el Profesión de Sanidad han ducho, adicionalmente, de que esta situación compromete la atención de pacientes oncológicos y con enfermedades crónicas, así como el seguimiento de programas vinculados a enfermedades transmisibles, lo cual podría tener un impacto en los índices de mortalidad.

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