PUERTO PRINCIPE.- Cuatro abriles luego del homicidio del presidente Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021 en su residencia privada de Puerto Príncipe, Haití continúa sumido en el caos.

La investigación por el regicidio avanza con tranquilidad en el plano almacén y en el internacional, mientras la crisis humanitaria, la violencia y la descomposición estatal se profundizan día a día.

Moïse fue ejecutado por un orden de mercenarios, en su mayoría exmilitares colombianos, en un operante que, según el Sección de Neutralidad de EE.UU., fue planificado y financiado en el sur de Florida. Al menos 17 ciudadanos del país suramericano fueron detenidos, así como varios haitianos y empresarios residentes en división estadounidense.

La viuda del presidente, Martine Moïse, resultó herida durante el ataque, y igualmente fue inculpada por un mediador haitiano de una supuesta conspiración contra su consorte. La exprimera dama ha rechazado esas acusaciones y las ha calificado como una persecución política.

JUSTICIA DEMORADA

Hasta la plazo, cinco personas han sido condenadas a condena perpetua en EE.UU. por su billete en el homicidio, en un proceso legislativo que se llevó delante en una corte federal en Miami.

Los declarados culpables son el exsenador haitiano John Joël Joseph; un patrón de la misma ciudadanía, llamado Rodolphe Jaar; un exinformante de la Dependencia de Control de Drogas estadounidense (DEA), Joseph Vincent; y dos exmilitares colombianos, Mario Antonio Palacios y Germán Rivera García.

Otro causa esencia contra otros cinco acusados, entre ellos, el patrón venezolano estadounidense Antonio Intriago, el pastor haitiano-estadounidense Christian Sanon y el financista ecuatoriano Walter Veintemilla, debía celebrarse en mayo de 2025 en Miami, pero fue pospuesto para marzo de 2026. La jueza federal Jacqueline Becerra argumentó que las pruebas —que incluyen decenas de horas de grabaciones— aún no fueron completamente revisadas por la defensa, y que reunir testimonios en Haití resulta extremadamente difícil conveniente al contexto de violencia y colapso institucional.

El exprimer ministro haitiano Claude Joseph rechazó la semana pasada las acusaciones en su contra por el homicidio de Moïse. En declaraciones citadas por The Haitian Times, Joseph calificó de «falsas e infundadas» las imputaciones presentadas por el mediador Walther Wesser Voltaire, en febrero de 2024, que lo vinculan como supuesto autor intelectual del regicidio.

El ex premier de Haití Claude Joseph calificó de «falsas e infundadas» las imputaciones presentadas por el mediador Walther Wesser Voltaire, en febrero de 2024, que lo vinculan como supuesto autor intelectual del regicidio.

«He sido un blanco político desde el primer día», sostuvo Joseph, quien agregó que cooperará con la neutralidad, pero aseguró que no permitirá que se utilice el sistema para aquietar voces críticas. El exfuncionario igualmente cuestionó la legalidad del proceso, argumentando que no se le ha permitido penetrar a pruebas ni profesar plenamente su derecho a la defensa.

La investigación legislativo por el regicidio está prácticamente paralizada. Según informó el mismo medio almacén, el expediente permanece en manos del mediador Voltaire, pero sin avances significativos desde su relación de incriminación, presentada en febrero de 2024.

La desatiendo de garantías procesales, las amenazas a operadores judiciales y la crisis de seguridad han impedido fijar una plazo para el causa vocal. Encima, según el medio, muchos de los acusados ni siquiera han sido citados formalmente, y las audiencias preliminares están suspendidas indefinidamente.

AUMENTA VIOLENCIA

La crisis de violencia en Haití se ha agravado dramáticamente en 2025. Según el más flamante mensaje de la Oficina Integrada de la ONU en Haití (BINUH), presentado frente a el Consejo de Seguridad el 3 de julio, se registraron 4.026 homicidios intencionados en los primeros seis meses del año, un aumento del 24 % respecto al mismo período de 2024. Entre las víctimas figuran 376 mujeres, 21 niñas y 68 niños.

El secretario común adjunto de la ONU para Europa, Asia Central y las Américas, Miroslav Jenča, advirtió frente a el Consejo que la renta, Puerto Príncipe, está «a todos los pertenencias paralizada por las bandas y aislada». Todavía alertó que, sin entusiasmo urgente de la comunidad internacional, el colapso total de la presencia estatal en la renta podría convertirse en un ambiente muy efectivo.

El mensaje igualmente recoge que más de 1,3 millones de personas han sido desplazadas internamente por la violencia, según datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC), una guarismo que triplica la registrada en 2023 y sextuplica la de 2022. Encima, la directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Ghada Waly, informó que aproximadamente el 90 % de Puerto Príncipe está bajo control de grupos armados, y que el crimen se está expandiendo alrededor de otras regiones del país.

Entre las consecuencias adicionales, Waly mencionó el pestillo de una presa hidroeléctrica que proporciona el 30 % del suministro eléctrico del país y el rápido crecimiento de grupos de autodefensa parapoliciales. En este contexto, el Consejo Electoral Provisional, con apoyo de la BINUH y otros socios de la ONU, rebusca realizar elecciones en febrero de 2026, aunque Jenča advirtió que las divisiones entre actores locales y la persistencia de la violencia comprometen gravemente la viabilidad del proceso.

La Representación Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), liderada por Kenia y respaldada por Naciones Unidas, cumplió un año desplegada en Haití el pasado 25 de junio.

Desde la presentación del primer contingente de 400 policías kenianos en 2024, la fuerza ha sumado unos 1.000 efectivos, incluyendo agentes y militares de Jamaica, Belice, Bahamas, Guatemala y El Salvador. Su objetivo es asistir a la Policía Doméstico Haitiana en la lucha contra las pandillas armadas que dominan amplias zonas del país, aunque los resultados, hasta ahora, han sido limitados.

jt-am