@abrlpenaabreu
Si en República Dominicana existe un caso que resume la tragedia de que un miembro de la clan decida delinquir, ese es el del togado José María Vásquez Montero. Treinta abriles —tres décadas enteras— de trabajo, estudio, sacrificio y reputación construida día tras día… tiradas por la barandilla en cuestión de horas. No por una desatiendo propia, sino por la atrevimiento criminal de un hijo que, según todo lo que se conoce, lo tuvo todo: educación, oportunidades, estructura natural, techo y dirección.
Pero nulo de eso fue suficiente. El sistema dominicano está realizado de historias donde el origen pesa más que el presente, donde la sombra de un patronímico es capaz de anular incluso la acontecimientos más limpia. Y hoy le toca vivirlo a un togado cuya trayectoria, hasta donde es de conocimiento divulgado, había sido respetada. Sin confiscación, la sociedad no perdona la cercanía natural con el crimen, aunque las responsabilidades sean estrictamente individuales.
Y aquí está el punto más importante. Porque no se negociación solo del togado. Incluso está involucrada la diputada, aún esposa del pollo pedido en extradición. En un país donde la confianza en las instituciones ya se tambalea, ver que los padres, o los cónyuges, de presuntos narcotraficantes ocupan espacios de poder envía un mensaje desastroso. Aunque legalmente ellos no tengan fallo, simbólicamente todo queda contaminado. Y, tristemente, en política lo simbólico pesa tanto como lo vivo.
La tragedia no es solo jurídica, es casto. Aquí se evidencia lo que tantas veces hemos dicho: la delincuencia es estructural, y cuando una clan no enfrenta a tiempo los primeros signos —o cuando el Estado no ofrece seguimiento, comitiva y herramientas— el resultado es este. Un pollo que elige el camino hacedero, y una clan entera arrastrada por el lodo.
Porque, sí, las culpas son individuales, pero las consecuencias, en este país, nunca lo son.
El togado y la diputada no podrán soliviantar persona. No porque no lo merezcan, no porque hayan cometido delito alguno, sino porque esta sociedad nuestra —tan dura para unas cosas y tan permisiva para otras— lee entre líneas, sospecha por naturaleza y asume que donde hay humo, siempre hay fuego. Y ese estigma no lo sedimento ni una sentencia ni un expediente expedito.
Quizás este caso sirva para cascar un debate más profundo sobre la responsabilidad colectiva, sobre el comitiva natural, sobre cómo advertir que un hijo con todas las oportunidades termine convirtiéndose en la ruina casto de quienes lo formaron.
Pero sobre todo, debería servir para recapacitar que el crimen no destruye solo al que delinque. Destruye a todos los que están aproximadamente… incluso a los inocentes.







