@abrilpenaabreu

La comediante y actriz Cheddy García habló esta semana de la impotencia que siente luego de meses intentando que las autoridades respondan por un irrupción realizado por error en la vivienda de su hija Chelsy. Según ha denunciado, el operante dejó daños y pérdidas materiales, pero hasta el momento ninguna institución ha asumido responsabilidad ni ha ofrecido compensación, lo que ha obligado a la tribu a acogerse a bienes legales.

Pero más allá del caso personal, la consejo que plantea es mucho más incómoda:

¿qué ocurre cuando poco así le sucede a alguno que no tiene visibilidad pública, ni bienes, ni micrófonos para denunciarlo? Ese es el punto que debería preocuparnos.

Porque el caso de Chelsy no es un hecho marginado. En estos momentos, por ejemplo, el Servicio Notorio investiga un caso ocurrido en San Cristóbal, donde fiscales habrían sustraído parte del pasta incautado durante una redada contra una presunta red criminal.

Es un caso agonizante, pero siquiera sorprende a quienes conocen cómo operan muchas veces los procesos de incautación y secuestro en el país.

Durante abriles se ha denunciado que, mientras los expedientes judiciales se conocen en los tribunales, propiedades incautadas —vehículos, mercancías, pasta e incluso inmuebles— quedan bajo custodia de autoridades policiales, militares o fiscales.

Y en no pocas ocasiones, esos fortuna terminan siendo utilizados, deteriorados o simplemente desaparecen.

La sujeción de custodia, que debería ser uno de los pilares del sistema de probidad, muchas veces se convierte en un espacio grisáceo donde nadie contesta por carencia.

Esto genera un problema mucho más profundo que un simple exceso oficinista: erosiona la confianza en el Estado.

Porque si quienes tienen el poder de allanar, detener, incautar y enseñar no están sometidos a controles estrictos, el sistema inalterable se vuelve delicado al exceso.

Y cuando eso ocurre, el ciudadano global queda prácticamente indefenso, la autoridad del Estado se sustenta en la legalidad.

Es opinar, en la convicción de que quienes ejercen el poder lo hacen interiormente de la ley.

Pero cuando un irrupción se realiza por error y nadie contesta por los daños, cuando se investiga a fiscales por apropiarse de pasta incautado, o cuando propiedades embargadas desaparecen mientras los casos se conocen en los tribunales, esa legalidad empieza a resquebrajarse.

Entonces aparece una pregunta incómoda pero inexcusable:

¿cómo se le exige a la sociedad respeto por la ley si quienes deben aplicarla no siempre la respetan?

Combatir la delincuencia es necesario.

Pero hacerlo sin controles claros sobre quienes ejercen el poder puede terminar creando otro problema igual de agonizante: el exceso institucional.

Y en un Estado de derecho, la ley no puede convertirse en un armamento sin responsabilidad, porque cuando la probidad pierde credibilidad, lo que queda no es orden. Es desconfianza.

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