La autora es periodista. Reside en Baní

POR LUISANNA PUELLO

San Francisco de Macorís vuelve a sacudir la conciencia doméstico. No por un hecho eventual, sino por una tragedia que desnuda fallas profundas, acumuladas y peligrosamente normalizadas.

Aneisy Ceballos de Jesús tenía 14 abriles. Era una pupila. Sin bloqueo, estaba en una relación de convivencia con un hombre de 20 abriles. Desde ahí, todo estaba mal. Ningún prospección serio de este caso puede comenzar a posteriori de los disparos sin detenerse primero en esa efectividad: una último involucrada en una relación desigual, tolerada por su entorno y desprotegida por el sistema.

La adolescente murió tras tomar cuatro impactos de bala. En el mismo hecho resultó herido Enmanuel Núñez Batista, quien permanece ingresado recibiendo atenciones médicas. La presunta autora del crimen fue su propia hermana, Ankelsy Valerio de Jesús, quien ya se entregó a las autoridades. Según su evidencia, su intención era enredar al hombre que presuntamente maltrataba físicamente a su hermana. En medio del forcejeo, Aneisy se interpuso y recibió la mayoría de los disparos.

Que quede claro: este prospección no rastreo aducir ningún acto violento. Una vida fue arrebatada y otra mancebo tendrá que cargar con el peso irreversible de esa batalla. Pero el periodismo responsable no se queda en el titular policial; escarba, incomoda y pregunta lo que muchos prefieren callar.

Preguntas

¿Quién permitió que una pupila de 13 o 14 abriles viviera como pareja de un adulto?

¿Bajo qué criterios se normalizó esa relación?

¿Dónde estaban los mecanismos de protección que establece la Ley 136-03, que obliga al Estado, la clan y la comunidad a preservar a niños y adolescentes de cualquier forma de alcaldada o infracción?

Aquí emerge un ambiente secreto: la violencia no nace de la nulo; se aprende, se hereda y se reproduce cuando el entorno la valida y el Estado no actúa a tiempo. Cuando las instituciones no protegen, algún equivocadamente cree que debe hacerlo por su cuenta. Y ese camino casi siempre termina en tragedia.

Este caso remueve una herida que San Francisco de Macorís no ha conseguido cerrar. Es increíble no memorar a Emely Peguero, la adolescente preñada asesinada por su pareja. Mismo municipio, mismo patrón: una último envuelta en una relación desigual, señales de alerta ignoradas y una reacción institucional que llegó demasiado tarde. Cambian los nombres, cambian las circunstancias inmediatas, pero la raíz es la misma.

No fue un arrebato.

No fue un hecho fortuito.

Fue el desenlace de múltiples omisiones.

Hoy, una superiora enfrenta el dolor más cruel: una hija muerta y otra camino a prisión. Dos vidas truncadas internamente de la misma clan, producto de una condena de irresponsabilidades que comenzó mucho antiguamente de que se apretara un percusor.

Como sociedad, seguimos indignándonos a posteriori, pero tolerando antiguamente. Seguimos llamando “aprecio” a lo que muchas veces es alcaldada, y “problema corriente” a lo que exige intervención urgente del Estado.

La pregunta de fondo no es solo quién disparó.

La pregunta verdaderamente incómoda es: ¿por qué seguimos llegando tarde?

¿Y cuántas niñas más tendrán que fallecer para que dejemos de homogeneizar lo que nunca debió ser aceptable?

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