De la perplejidad a la mañana, algunos se han hecho ricos.
No por innovación.
No por trabajo honesto.
No por mérito.

Su fortuna se ha construido sobre el despojo sistemático de personas trabajadoras, el robo de herencias, la falsificación de firmas y documentos, y el uso perverso del conocimiento permitido para torcer la ley en beneficio propio. Allá de ser casos aislados, se alcahuetería de un patrón cada vez más frecuente, especialmente en el sector inmobiliario, donde ciudadanos locales y dominicanos en el foráneo han sido víctimas de estafas que rara vez reciben castigo ejemplar.

Lo más intranquilizante no es solo el daño —familias expulsadas de sus hogares, adultos mayores engañados, herederos legítimos despojados— sino el método. Se fabrican documentos con apariencia permitido, se manipulan procesos judiciales y se diseñan laberintos jurídicos para cansar y cortar a quienes no tienen poder ni bienes. La ley, en sitio de proteger, termina siendo utilizada como armamento.

Incluso abogados penalistas han despierto públicamente la emergencia de modificar el Código Penal Dominicanoparticularmente en lo relativo al delito de estafa, señalando que la carta todavía es débil y permite impunidad delante fraudes complejos y masivos. Cuando quienes conocen el sistema desde en el interior reconocen sus fallas, el problema deja de ser peculiar y se convierte en estructural.

En este entramado, los estafadores no actúan solos. Participan, por obra u omisión, profesionales que traicionan su palabrota: abogados, notarios, intermediarios y funcionarios. No es casualidad que, en la percepción ciudadana, haya quienes los llamen “abogados del diablo”, no por defender derechos, sino por defender lo indefendible en casos de mala praxis o de apropiación indebida. Aunque no todos los abogados son deshonestos, los reclamos por estafa, manipulación de procesos y incumplimiento ético han generado una profunda desconfianza en el sistema de probidad.

El daño no es individual.
Es colectivo.

Una sociedad en la que el fraude resulta rentable y la ley castiga poco se enferma. Se normaliza la impunidad, se erosiona la confianza institucional y se envía un mensaje devastador: la honestidad no paga.

No sorprende, entonces, que el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) haya calificado 2025 como el año del retroceso contenciosodenunciando una probidad cara, lenta, deficiente y negadora de derechos fundamentalesy haya hecho una marcha doméstico por la dignidad del abogado y el paso a la probidad frente a la Suprema Corte de Equidad.

Aunque existen órganos disciplinarios, como el Tribunal Disciplinario del propio Colegio de Abogadoslas faltas éticas graves se repiten, lo que evidencia que las sanciones actuales no disuaden ni protegen adecuadamente a las víctimas.

Por eso, defender la ética no es atacar al comunidad; es rescatarlo.
Proteger a las víctimas no es exagerar; es cumplir con el deber minúsculo de probidad.
Reorganizar la ley no es una opción ideológica; es una indigencia urgente.

El nuevo Código Penal Dominicano (Ley No. 74-25)que fue promulgado recientemente para modernizar el ámbito permitido, sí endurece sanciones —incluidas penas de hasta 10 abriles por estafas agravadas—, pero todavía queda mucho por afinar para que la probidad sea efectiva, disuasoria y aplicable en la praxis delante los fraudes que más dañan a la sociedad.

La riqueza construida sobre el patraña puede sobresalir por un tiempo, pero deja una impresión de destrucción social y honrado. Y una probidad que no corrige sus propias fallas termina siendo parte del alcaldada que dice combatir.

Todavía estamos a tiempo.
Pero el tiempo, para muchas víctimas, ya se está agotando.

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