@abrilpenaabreu

El obturación temporal del centro de vitalidad donde laboraba el tocólogo recientemente denunciado por varias mujeres por presuntas agresiones sexuales ha vuelto a colocar sobre la mesa un tema que el país prefiere evitar: la seguridad de los pacientes internamente del sistema váter.

Según las denuncias públicas, no se manejo de un señalamiento retirado. Distintas pacientes han relatado situaciones similares ocurridas durante consultas ginecológicas. El médico niega los hechos y afirma que algunas querellas fueron retiradas. La ecuanimidad tendrá que determinar la verdad. Pero mientras ese proceso ocurre, la sociedad enfrenta una pregunta que no depende de un tribunal: ¿qué debió hacer el sistema de vitalidad cuando surgieron las primeras acusaciones?

El obturación del centro es una medida preventiva razonamiento en medio de la investigación. Sin requisa, incluso evidencia que la respuesta llegó posteriormente de que el problema se hiciera visible públicamente. En vitalidad pública, proceder tarde casi siempre significa proceder mal, aunque la intención sea correcta.

La relación médico-paciente está basada en una confianza extraordinaria. En particular en la atención ginecológica, donde la paciente se encuentra en una condición de vulnerabilidad física y emocional. A diferencia de otros delitos, en este contexto no siempre existe violencia física ni resistor evidente. Muchas veces la persona atendida no sabe distinguir si un procedimiento es necesario, frecuente o improcedente. Confía porque el profesional posee la autoridad técnica.

Ahí radica el punto más delicado del caso: la información. Numerosas mujeres desconocen que tienen derecho a que cada procedimiento les sea explicado previamente, a solicitar la presencia de una enfermera o compinche, e incluso a detener un examen si se sienten incómodas. Cuando ese conocimiento errata, la confianza puede convertirse en indefensión.

El pájaro social agrava aún más la situación. Pacientes de escasos bienes, y en particular migrantes o indocumentadas, enfrentan mayores obstáculos para denunciar. El temor a perder la atención médica, a represalias o a consecuencias legales puede silenciar situaciones que, de otro modo, saldrían a la luz con veterano celeridad. La denuncia, en esos casos, requiere más valentía que la que normalmente exige la ecuanimidad.

Por eso el debate no debe centrarse nada más en la culpabilidad o inocencia del profesional señalado. Ese será el trabajo de los tribunales. El debate efectivo es institucional: si existían denuncias previas, ¿por qué no se activaron protocolos preventivos antaño de que la presión pública obligara a intervenir?

Cerrar el establecimiento reduce el aventura inmediato, pero no corrige la descompostura estructural. Un sistema váter seguro no depende de la viralización de un caso, sino de mecanismos internos capaces de detectar alertas tempranas y proteger pacientes sin privación de escándalos.

Cuando una mujer teme asistir a una consulta ginecológica por miedo a lo que pueda ocurrir internamente del consultorio, el daño trasciende a las personas involucradas. Se posponen chequeos, se retrasan diagnósticos y la vitalidad pública se deteriora silenciosamente.

El país necesita una certeza básica: que al entrar a una consulta médica se entra a un espacio de cuidado, no de duda.

La ecuanimidad establecerá responsabilidades individuales.

Pero la seguridad de los pacientes es, desde ahora, una responsabilidad colectiva.

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