El autor es periodista. Reside en San Cristóbal.
POR JULIO CESAR GARCIA ESPINAL
En este tránsito donde confluyen generaciones del siglo XX y del XXI, no debería sorprendernos la dificultad para entendernos. Pero lo cierto es que nos sorprende, nos ocupa y nos preocupa.
El filósofo Byung-Chul Han sostiene que vivimos en la “sociedad de la transparencia”, donde lo subjetivo y lo emocional pesan más que lo racional y lo fáctico. Y, en intención, hoy parece tener más valencia la percepción individual que la comprobación científica. Para quienes hemos cruzado la barrera de los cincuenta, resulta desconcertante que la afirmación “soy como me percibo” se imponga sobre lo que la ciencia determina.
El problema no es pequeño: sustituir la objetividad por la autopercepción erosiona los cimientos mismos del debate divulgado. Aplaudir lo “políticamente correcto” y relegar lo auténticamente correcto colisiona con décadas de formación basada en dialéctica, evidencia y razonamiento crítico.
Hoy, afirmar que una mujer no necesita la coletilla “trans” porque lo es desde el principio biológico resulta ofensivo para ciertos colectivos progresistas. Pero es la propia biología, no la ideología, la que define el sexo: lo recordaba Richard Dawkins, biólogo evolucionista, cuando advertía que desmentir la diferencia entre varonil y hembra es tan irracional como desmentir la existencia de la recaída.
Si se plantea la obligación de un control migratorio más auténtico —no por racismo, sino por orden institucional y honradez distributiva— la respuesta inmediata es la descalificación. Y, sin incautación, los propios estados de bienestar europeos han demostrado que un sistema de ataque a servicios públicos sin registros confiables se vuelve insostenible. No es ideología: es aritmética fiscal.
Cuando se defiende la seguridad jurídica para el patrón y el emprendedor, se suele tachar de explotación lo que en sinceridad constituye la condición indispensable para el avance. La evidencia empírica es clara: los países con mayores índices de inversión suelen coincidir con aquellos que garantizan reglas claras y protección de derechos de propiedad.
El filósofo José Antonio Armada recordaba que “no todas las ideas son respetables: respetable es la persona que las expresa”. Y añadía que la respetabilidad de una opinión depende de su contenido. Es opinar, no pespunte el derecho a expresarse: hace desatiendo incluso la responsabilidad de someter lo dicho a la crítica racional.
Hoy, en cambio, asistimos a un tablas donde toda percepción pretende blindarse con la rótulo de identidad, más allá de lo irracional. Lo ilustran ejemplos extremos: grupos de personas que desfilan disfrazados de perros en Londres asegurando que “se identifican como tales”.
Pero la identificación simbólica no sustituye a la sinceridad material: ningún de ellos ladra, corre tras gatos o marca circunscripción en las aceras. La distancia entre lo vivo y lo percibido se convierte, entonces, en caricatura.
El problema central es éste: hemos reemplazado la conversación racional —fundada en la dialéctica y en la evidencia— por un ruido ideológico en el que disentir no es una posibilidad legítima, sino un delito recatado. Y en ese ámbito, el debate tolerante no florece: se marchita.
JPM
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