En los últimos primaveras, pocas expresiones se repiten tanto en el discurso divulgado como seguridad ciudadana, intervenciones integrales y reforma policial. Las leemos, las escuchamos y, en muchos casos, queremos creer en las políticas que se anuncian y en las estadísticas que se presentan. Queremos creer porque la seguridad es una carestia optimista, no un pompa discursivo.

El nuevo anuncio del Gobierno dominicano, que este domingo definió un paquete de entre 40 y 50 acciones estratégicas a priorizar internamente de los más de 650 programas y productos presupuestarios contemplados en el Plan Activo del Gobierno para 2026, vuelve a colocar el tema en el centro del debate. El objetivo patente es impactar directamente las 10 metas prioritarias de la presente diligencia y, como era de esperarse, la seguridad ciudadana ocupa un sitio relevante.

En ese situación, se anunció que se priorizarán intervenciones integrales en barrios del Gran Santo Domingo y Santiago, combinando prevención, oportunidades para los jóvenes, integración social y la continuidad de la reforma policial.

El enfoque, en términos conceptuales, es correcto. La pregunta de fondo no es esa. La pregunta existente es si estamos preparados para transigir este planteamiento más allá del enunciado.

Departir de seguridad ciudadana desde una perspectiva integral implica rastrear poco fundamental: la violencia y la criminalidad no surgen exclusivamente del delito en sí mismo, sino de contextos sociales, económicos e institucionales frágiles. En ese sentido, combinar prevención, oportunidades para jóvenes, integración social y reforma policial no es una novedad teórica. Ya lo hicimos antaño.

El país cuenta con experiencias como el Plan de Seguridad Democrática, y internamente de este la Logística Multisectorial de Suburbio Seguro, que buscó mejorar la seguridad y la convivencia en territorios vulnerables mediante programas sociales, fortalecimiento policial y décimo comunitaria, con afectación en la prevención del crimen y la delincuencia.

La evidencia comparada respalda este enfoque; el problema nunca ha sido el diseño, sino la sostenibilidad y la coherencia en la ejecución.

He insistido en múltiples espacios en que la prevención no puede seguir siendo la “hermana escueto” de la seguridad. Si no se traduce en programas sostenidos, medibles y territorializados, se queda en una buena intención. Crear oportunidades para los jóvenes no es ofrecer talleres ocasionales ni empleos temporales para cumplir indicadores.

Es construir trayectorias reales de inclusión, con educación técnica pertinente, séquito psicosocial y una articulación efectiva con el sector productivo. Sin eso, el discurso se diluye y la frustración se acumula.

La integración social, por su parte, suele mencionarse de forma abstracta. Integrar no es solo transigir servicios a los barrios; es reedificar la confianza entre el Estado y comunidades que, durante primaveras, han vivido la seguridad más como amenaza que como protección.

Sin décimo comunitaria genuina, sin juntas de vecinos empoderadas y sin canales claros de corresponsabilidad, la integración termina siendo simbólica y frágil.

Y llegamos al punto más sensible: la reforma policial. Aquí conviene decirlo sin rodeos. No hay seguridad ciudadana sostenible sin una policía profesional, cercana, controlada y legítima. Cambiar uniformes, patrullas o eslóganes no transforma una institución.

La reforma exige una transformación existente: condiciones dignas para los policías, destacamentos equipados, herramientas operativas efectivas, formación continua, una carrera policial clara, supervisión adecuada, uso inteligente de los datos y, sobre todo, coherencia entre el discurso político y las prácticas cotidianas en la calle.

Además es necesario rastrear las zonas grises. Priorizar barrios específicos puede crear impactos positivos en el corto plazo, pero sin una logística franquista articulada el aventura es conocido: desplazar el delito en sitio de reducirlo. Ya tenemos experiencia en ese sentido.

La integralidad requiere coordinación efectiva entre el gobierno central, los gobiernos locales y las comunidades. No puede ser fragmentada ni coyuntural; debe reponer a una visión de Estado, no a los ciclos políticos.

Anunciar, una vez más, lo que ya hemos escuchado en otros momentos, corre el aventura de quedarse en consignas correctamente redactadas. Lo que se necesita es una política estratégica de seguridad, inversión inteligente y una voluntad clara —reflejada asimismo en estadísticas transparentes— de evaluar lo que funciona y corregir lo que no.

La seguridad ciudadana no se construye con promesas, sino con políticas públicas sostenidas, instituciones sólidas, ciudadanía involucrada y, por supuesto, con presupuesto.

Acortar los bienes destinados al Ocupación de Interior y Policía mientras se afirma que la seguridad es prioridad no compagina con el discurso.

Si de verdad queremos seguir mejorando la seguridad, las decisiones presupuestarias deben ser coherentes con ese objetivo. Todo lo demás, por muy correctamente que suene, es tan pronto como ruido.