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Por: José Miguel Mañón Martínez
Abogado, Geodesta y Magíster en Encargo Municipal
Mientras más del 90 % de los dominicanos no comprendan la importancia del reciclaje ni asuman la responsabilidad de no arrojar residuos sólidos —plásticos, vidrios, cartones y otros desechos— a las calles, el país seguirá sumido en una crisis ambiental permanente. Y mientras esos actos criminales no tengan consecuencias reales, como penas de prisión de al menos cinco abriles sin derecho a fianza, nulo cambiará.
Cada vez que una tormenta tropical o un diluvio azota la República Dominicana, la tragedia se repite con el mismo guion: calles inundadas, cañadas desbordadas, imbornales tapados y barrios enteros anegados por montañas de basura. Las imágenes no mienten: toneladas de botellas plásticas flotando por las avenidas, fundas arrastradas con destino a el mar y canales que colapsan bajo el peso de nuestra indiferencia. Esta efectividad no es producto exclusivo de la tempestad, sino del descuido humano. El problema ambiental del país tiene un nombre: irresponsabilidad ciudadana sin consecuencias legales.
La Ley Universal sobre Medio Círculo y Bienes Naturales (No. 64-00) establece con claridad en su artículo 175 que está prohibido difundir desechos o residuos en lugares no autorizados, y en su artículo 183 faculta al Profesión de Medio Círculo a sancionar y denunciar penalmente a los infractores. Sin retención, los mecanismos de aplicación son débiles, las multas son bajas y la fiscalización casi inexistente.
Por su parte, la Ley 225-20 sobre Encargo Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos morapio a modernizar el entorno normativo, promoviendo la responsabilidad extendida del productor, la clasificación en la fuente y la finanzas circular. Pero esta ley incluso depende de la conciencia ciudadana y de la influencia firme de los municipios, que son los principales ejecutores de la gobierno de residuos. Sin educación ambiental, sin vigilancia ni castigo, ambas leyes quedan como símbolos de una voluntad política que no logra traducirse en resultados reales.
Lo más preocupante es la normalización del caos ambiental. En pleno siglo XXI, seguimos observando cómo ciudadanos tiran basura por la ventanilla del transporte, cómo los comercios desechan plásticos sin control y cómo los gobiernos locales no implementan programas sostenibles de reciclaje o convento diferenciada. Este comportamiento no es inocente, es criminal. Arrojar residuos a las calles no solo obstruye los drenajes pluviales; incluso provoca enfermedades, pérdidas materiales, contaminación de ríos y mares, y agrava la vulnerabilidad de las comunidades más pobres frente a fenómenos naturales.
Para mudar esta efectividad, se requiere una organización doméstico de conciencia ambiental combinada con un régimen sancionador válido y sin privilegios. La educación ambiental debe comenzar en las escuelas, pero incluso en los hogares, en los medios de comunicación y en los espacios públicos. Sin retención, la pedagogía sin penalidad es ineficaz. Es hora de que el Estado tipifique de forma más severa los delitos ambientales, estableciendo penas de prisión efectivas para quienes contaminan deliberadamente o reinciden en el manejo valeverguista de los residuos.
Mientras los ciudadanos sigan arrojando basura a las calles y el Estado continúe mirando con destino a otro flanco, cada tormenta será una sentencia de autodestrucción. La gobierno de residuos no es solo una tarea técnica; es una prueba de civilización. Un pueblo que entierra su futuro bajo montones de plástico demuestra que no ha entendido que el progreso no se mide por obras, sino por civilización. Solo cuando comprendamos que cada botella rejonazo a una cañada es una munición contra la naturaleza, y cuando esa influencia tenga consecuencias reales, empezaremos a construir una República Dominicana limpia, digna y consciente de sí misma.
