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El nuevo Código Penal de la República Dominicanapromulgado por el presidente Luis Abinader este domingo, entrará en vigencia adentro de 12 meses. Esto significa que comenzará a aplicarse oficialmente en Agosto de 2026dando tiempo para su implementación efectiva en el sistema legislativo.
Este período de transición, conocido como Ley de exención, permite que jueces, fiscales, abogados y ciudadanos se familiaricen con las nuevas disposiciones ayer de que tengan fuerza admitido.
Ley de exención
La vacatio legis se define como el intervalo de tiempo que transcurre entre la publicación de una norma y su entrada en vigor.
«Este intervalo no es despótico; tiene como objetivo dar a los destinatarios de la ley el tiempo necesario para conocerla, comprenderla y prepararse para su cumplimiento», explica el abogado penalista José Meran al diario Hoy.
El término proviene del latín y refleja una tradición jurídica que escudriñamiento seguridad entre la promulgación de una norma y su aplicación efectiva.
Esta habilidad es global en sistemas legales modernos, donde la complejidad de las leyes y su impacto social requieren una transición ordenada.
El nuevo Código
La nueva ley fortalece la lucha contra la corrupción administrativa al ampliar los plazos de prescripción, deshumanizar las sanciones e inhabilitar a los responsables de incurrir en este delito para habitar cargos públicos.
La reforma además extiende los plazos de prescripción de delitos sexuales contra menores de permanencia y personas vulnerables hasta los 30 primaveras, contados desde que la víctima alcanza la mayoría de permanencia.
El Código Penal promulgado, por otra parte de sancionar, incorpora un enfoque preventivo y resocializador, reconociendo la seguridad ciudadana como una responsabilidad compartida entre el Estado y toda la sociedad en genérico.
Esta puesta al día dota al sistema penal dominicano de herramientas modernas para enemistar la criminalidad en todas sus formas, incluyendo la delincuencia organizada, y asegurar la protección efectiva de las víctimas, en consonancia con los principios de un Estado social y tolerante de derecho.
