Santo Domingo.- La pupila que falleció en Los Guandules a manos de sus tutores, quienes debieron protegerla, no es solo una víctima más: es el reflexiva más doloroso de lo que ocurre cuando el sistema de protección a la infancia descompostura.

Su historia, marcada por señales previas, advertencias vecinales y un entorno enormemente débil, expone las grietas de un maniquí institucional que no logra predisponer ni intervenir a tiempo.

Cuando las alertas se ignoran, las instituciones no se comunican y el maltrato queda atrapado en el silencio del hogar, el resultado puede ser irreparable.

“La gran amor del Estado es la errata de coordinación de acciones”, afirma con contundencia Dilia Leticia Jorge Mera, exviceministra y abogada doble en derechos de la inicio.

Las cifras confirman la empeoramiento del problema: solo en 2022, el maltrato físico en menores de cinco abriles aumentó un 45 % respecto al año aludido, según el Observación de la situación de niños, niñas y adolescentes delante la violencia en República Dominicana. En comparación con 2020, el incremento fue del 309 %.

Para Jorge Mera, cada institución, pública o privada, que trabaje con niños debe contar con un protocolo claro y obligatorio para representar delante cualquier sospecha de exageración. La errata de procedimientos eficaces permite que señales de alerta se disipen en una sujeción burocrática que, en ocupación de proteger, posterga.

Una efectividad que se repite a diario

La directora del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, Dra. Dhamelisse Then, confirma que este no es un aberración eventual. En la mecanismo de variedad pueril del hospital se atienden hasta tres casos diarios de menores víctimas de distintas formas de maltrato: físico, sexual, emocional y negligencia. Muchos llegan con lesiones visibles: hematomas, fracturas, traumas abdominales o contusiones en la inicio.

La pediatra Paola Cuevas advierte que los casos más comunes detectados en consulta son menos evidentes, como errata de seguimiento médico o desnutrición.

“En esos casos, orientamos a los cuidadores, que muchas veces no reconocen que eso igualmente es maltrato”, señala.

Cuando se detectan señales más graves, se involucra al ámbito de trabajo social, psicología y, si es necesario, se hace la denuncia formal delante las autoridades.

Sin retención, muchos de estos niños no llegan por influencia del sistema, sino porque cierto, vecinos, maestros o familiares, decide intervenir.

El sistema educativo y una descompostura crítica

Uno de los vacíos más preocupantes se encuentra en el sistema educativo. La psicóloga pueril Óleo Orbe explica que, delante indicios de maltrato, las escuelas emiten notificaciones escritas dirigidas a los padres, quienes deben firmarlas y objetar. Pero ¿qué sucede cuando el atacante es precisamente uno de los padres?

Esta praxis, remotamente de proteger, puede poner en peligro al pequeño, porque muchas veces el hogar es el ocupación donde ocurre la violencia. La errata de herramientas legales y operativas para que los centros educativos actúen de forma directa constituye un hueco institucional molesto que mantiene a los menores expuestos a contextos dañinos.

Propuestas para cerrar las brechas

Dilia Leticia Jorge Mera propone la creación de “células comunitarias” en las alcaldías, por ser las instituciones más cercanas a la ciudadanía. Estas células funcionarían como puntos de atención primaria, orientación y derivación de casos de violencia pueril.

“Vuelvo y repito, pienso que todavía necesita mucho conocimiento. Hace errata que la masa sepa a dónde ir“Él enfatiza.

Asimismo insiste en aumentar la vitalidad mental escolar mediante orientadores y psicólogos preparados. “Las herramientas existen, pero hay que fortalecerlas con más personal, formación adecuada y protocolos funcionales”, sostiene.

Encima, advierte sobre las ambigüedades en el nuevo Código Penal, que permiten a los padres “disciplinar” a sus hijos bajo el supuesto ámbito del “interés superior del pequeño”. “¿Qué significa eso? No se especifica. Esa equívoco puede servir para testimoniar abusos y debe ser eliminada”, advierte.

Trauma, rehabilitación y el papel del Estado

La mayoría de los niños víctimas de violencia llegan a terapia psicológica cuando ya han pasado por un proceso institucional previo, explica Orbe: “Los traen madres, tías, tutores o maestros. Pero muchas veces llegan tarde, cuando ya el daño emocional es profundo”.

De su costado, el terapeuta allegado Julio Sánchez alerta sobre las consecuencias del trauma en sobrevivientes y hermanos de las víctimas.

“Muchos niños que presencian abusos desarrollan miedos extremos, pecado o el pensamiento de que pudieron poseer evitado lo ocurrido. Con ellos, el trabajo terapéutico es esencial para evitar traumas generacionales”, señala.

Mientras tanto, Luis Vergés, exdirector del Centro Conductual para Hombres, afirma que el sistema penitenciario dominicano mantiene una deuda histórica con la vitalidad mental.

“Yo tengo entendido que hay varios de los centros que tienen psicólogos y psiquiatras nombrados, no en la misma magnitud como debería. Asimismo que hay uno que otro centro que tienen unidades de intervención que pudieran reunir las condiciones, pero la decano de los centros no lo tienen, entonces eso te dice a ti que es un desafío que tenemos que enredar.”, asegura.

Vergés igualmente cuestiona la errata de respuestas efectivas, incluso cuando las denuncias existen.

“Ha quedado muy expuesto el Estado, porque hubo personas que denunciaron, que dijeron que estaba pasando poco y hablaron con una determinada funcionaria y entonces hubo una burocracia que aquí no es, que es en otro sitio, vaya allí, vaya allá”, critica.

Para él, el problema no es solo institucional o normativo: es de compromiso.

“El compromiso está por encima de todo. De hecho, hay un principio ético que establece que, con tal de auxiliar una vida, uno puede saltarse cualquier regla. Lo que está en recreo es la vida de un gurí.”

El doble advierte que, delante cada desenlace trágico, hay múltiples niveles de responsabilidad compartida.

“No se tráfico de averiguar un solo culpable, porque en estos casos se combinan fallas en lo allegado, lo individual, lo social y lo cultural. Y cuando se produce una asesinato evitable, todas esas áreas han fallado.”

Esta brecha no es monopolio del sistema penitenciario.

Según el estudio “Impacto de la vitalidad mental en el Sistema de Salubridad Dominicano”República Dominicana se encuentra entre los diez países de América Latina con decano carga de trastornos mentales, afectando a cerca del 20 % de su población con condiciones como depresión, ansiedad, trastorno bipolar y esquizofrenia.

Sin retención, el país destina menos del 1 % de su presupuesto de vitalidad a esta ámbito, muy por debajo del 5–10 % recomendado por la OMS.

¿Dónde está la reparación?

El abogado Carlos Felipe critica la errata de respuestas del Estado delante su obligación constitucional de proteger a la infancia. Cita el artículo 148 de la Constitución, que establece la responsabilidad patrimonial del Estado delante casos donde funcionarios, por omisión o negligencia, fallan en su deber de protección.

“Cuando el Estado no actúa, debe objetar. Esa reparación es una deuda con las víctimas“Él dice.

En esa misma cadena, el abogado Eduard Moya recuerda que la Constitución dominicana es una de las más modernas de la región, pero carece de mecanismos de cumplimiento.

“No podemos quedarnos en la utopía constitucional. Es necesario que las sentencias contra el Estado se cumplan y que las víctimas encuentren reparación verdadero, no solo simbólica“, Afirma.

Conclusión

La historia de la pupila de Los Guandules, como la de cientos de menores en República Dominicana, no puede resultar atrapada en la estadística ni en la indignación momentánea. Las instituciones deben representar ayer, con contundencia, articulación y compromiso.

Porque mientras el Estado llega tarde, la infancia paga con su vida.