EL AUTOR es presidente del Frente Cívico y Social. Reside en Santo Domingo.

En el artículo previo, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta insalvable: si el Estado asegura que no tiene beneficio para indexar el ISR ni para avecinar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para chapar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?

La comparación es sólido: aproximadamente de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo insignificante para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en consumición tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es ético. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.

No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.

Primero derechos; posteriormente privilegios.

La indexación es probidad básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: bienes públicos en lo alto y salarios de subsistencia debajo.

Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Anhelo el salario insignificante del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflexiva de un maniquí.

Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Tolerante de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos posteriormente. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.

Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo igualmente:

• ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?

• ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?

• ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?

Si esas respuestas no existen, la error no está en quien critica, sino en un maniquí que evita mirarse al espejo.

Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo aproximadamente de 5 % anual, más del doble del promedio hispanoamericano. Sin confiscación, datos del Lado Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de camarilla de ingreso en una división, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor financiero de entrada potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.

A eso se suma un mercado sindical con aproximadamente de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la parte. Millones de personas trabajan sin convenio, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario insignificante formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta frecuente doméstico, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.

Ahí está el nudo del maniquí: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y último movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “asombro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.

Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.

La discusión no es “si hay efectivo”, sino de dónde es calibrado que salga.

¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?

¿De la retribución de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?

En el Frente Cívico y Social entendemos que la vademécum es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario calibrado y suficiente para proceder con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si por otra parte recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún veterano.

Y porque no hay dignidad sin mejora, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el caudal humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en último crecimiento y veterano conflictividad.

En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa dependencia, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.

Despierta RD.

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