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Columna de Julio Santana
La filósofa y teórica política Hannah Arendt, a quien he dedicado en tiempos recientes muchas horas de estudio y consejo, escribió que el problema no es que la masa haga el mal, sino que llegue a considerarlo habitual. Esta sentencia, tan lúcida como inquietante, guardián una relación directa con el engendro Epstein, emergido tras la divulgación masiva de archivos sobre sus abominables andanzas pedófilas. Nuestro interés en este caso —con capacidad para interpelar a todas las llamadas democracias occidentales— no radica sólo en su dimensión criminal, sino en poco mucho más profundo.
No estamos en presencia de un simple escándalo penal, sino frente a una radiografía perturbadora del funcionamiento interno del poder occidental y de su intranquilizante capacidad para ordenar lo intolerable.
Desde esa perspectiva, el caso Epstein puede entenderse, en un primer nivel, como un ejemplo patético de la perversión de un individuo capaz de conmocionar incluso a los más insensibles, incluidos aquellos espíritus cuestionables que llegan a considerar tales comportamientos como “normales” en pleno siglo XXI. Pero sería un error detenerse ahí. De los archivos divulgados emerge con crudeza poco que trasciende al sujeto incidental y confirma la advertencia arendtiana sobre la normalización del mal. Sale a la luz una intrincada casa de encubrimiento sistémico que permitió la convivencia prolongada entre élites influyentes y prácticas abominables, incluso posteriormente de una condena por delitos sexuales. Esta argumento, sostenida en entregas anteriores, no solo se mantiene, sino que es validada y profundizada por las informaciones más recientes.
En coherencia con esa normalización del mal, los grandes medios occidentales —durante décadas sumidos en prácticas sistemáticas de desinformación y manipulación— presentaron a Jeffrey Epstein como una anomalía perturbadora, como el expediente vago de un individuo enfermo que habría conseguido engañar al sistema. Gracias al trabajo capaz de esa maquinaria mediática, millones llegaron a creer que se trataba del perjudicial en serie de turno, de un multimillonario incidental, demenciado o desequilibrado, una desvarío más que las sociedades occidentales producen y luego expulsan simbólicamente.
Esta novelística, esencialmente defensiva, resultó a la postre insuficiente. No porque todo lo denunciado deba darse por probado, sino porque la normalización social, política y mediática de Epstein luego de su condena constituye por sí misma un hecho moralmente inapelable.
Las oleadas del escándalo no se limitaron a los Estados Unidos. Las actividades de Epstein sacuden hoy al gobierno inglés, provocando la dimisión de altos funcionarios cercanos al primer ministro Keir Starmer y revelando el trascendencia de esos vínculos en esferas políticas concretas. La salida del principal de Aposento, del director de comunicaciones y la desvinculación de Peter Mandelson del Partido Socialista no describen una condena de rumores, sino hechos con consecuencias institucionales verificables, que confirman la dimensión transnacional del problema.
Este episodio europeo refuerza un hecho ya difícilmente refutable.
Epstein no fue un intruso en las élites occidentales. Antaño y posteriormente de su condena fue tolerado, protegido y, en algunos casos, utilizado. En ese intersticio se manifiesta una de las expresiones más elocuentes de la decadencia occidental.
Un hombre condenado por delitos sexuales fue reintegrado sin fricciones a circuitos donde se administra el prestigio, se reparte influencia y se trazan líneas de poder con impacto político y geopolítico. Podría parecer una anomalía circunstancial, pero asegura a la funcionalidad de sistemas capaces de absorber lo intolerable cuando ello contribuye a preservar intactas las estructuras del poder.
Documentos recientes muestran, adicionalmente, cómo Epstein utilizó sus relaciones con magnates de los medios para cerrar o desactivar investigaciones periodísticas que lo comprometían. La omisión deliberada de acusaciones graves y la manipulación editorial confirman que el encubrimiento no fue solo legislativo o social, sino igualmente mediático. El silencio no fue pasivo ni accidental. Fue administrado.
La nuevo conclusión del FBI introduce un matiz que, allá de disipar las dudas, refuerza el cuadro militar. El organismo sostiene que no halló pruebas concluyentes de una red organizada de tráfico sexual al servicio de hombres poderosos ni evidencia audiovisual que implicara directamente a terceros más allá de Epstein y Ghislaine Maxwell. Sin incautación, la abandono de pruebas penales no equivale a la inexistencia de responsabilidad ética o institucional. La documentación confirma que Epstein abusó sexualmente de menores y que su entorno relacional estaba compuesto por figuras de enorme poder financiero, político y cultural.
¿Quizá la propia cronología de la divulgación de los archivos —marcada por retrasos, ediciones parciales y promesas incumplidas— no refuerza la percepción de un sistema más preocupado por dirigir el impacto que por avalar una transparencia plena? A ello se suman errores graves en la protección de la identidad de las víctimas, que obligaron a retirar documentos ya publicados, confirmando que el sistema continúa fallando allí donde más importa.
Sabemos que las élites rara vez caen por descuido de inteligencia. Terminan en el torrentera por abandono de límites. No deja de ser revelador que, en este contexto, el abogado de Ghislaine Maxwell haya admitido que su defendida está dispuesta a “murmurar completa y honestamente” solo si recibe clemencia presidencial. ¡Incluso en el comienzo del horror, el poder sigue negociando el silencio!
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