@abrilpenaabreu

Hay instituciones cuya delegación es tan delicada que no admiten excusas. Cuando fallan, no se pierden trámites ni expedientes: se ponen en peligro vidas. Y eso es exactamente lo que revelan varios casos recientes vinculados al Conani, todos ocurridos en un período sorprendentemente corto y con un hilo conductor inasequible de ignorar: la inoperancia.

Una mamá policía denuncia que un transporte rotulado como perteneciente a CONANI se presentó en la escuela de su hija a la hora de salida, exigiendo hurtar a la beocio sin orden legal ni protocolo verificable, bajo la amenaza implícita de que la pupila sería retirada si no se “probaba” la maternidad. El desenlace no fue trágico por una sola razón: la mamá estaba armada. ¿Qué habría ocurrido en cualquier otro círculo?

En otro caso, un padre lleva meses esperando el relación de defunción de su hija, fallecida mientras estaba bajo custodia estatal. Ayer de eso, CONANI se negó incluso a evaluar si él o la abuela cumplían con los requisitos para la protector. La beocio murió en manos del Estado y, hasta hoy, no hay respuestas claras ni responsabilidades asumidas.

Un tercer padre denunció que su hija estaba siendo agredida por su mamá con escasamente semanas de nacida. La beocio terminó en cuidados intensivos luego de ser devuelta a la mamá biológica, pese a las advertencias. Siquiera aquí hubo reacción oportuna.

No se tráfico de hechos aislados. Hilván una revisión mínima de casos documentados en medios para constatar que los problemas se repiten: descuido de protocolos claros, decisiones discrecionales, tranquilidad extrema y una amenazador abandono de rendición de cuentas.

Es cierto que CONANI arrastra limitaciones presupuestarias. Pero no todo es capital. La abandono de protocolos públicos —especialmente para escuelas, centros educativos y padres— es una equivocación estructural. Siquiera puede justificarse que, delante una denuncia de posible suplantación de autoridad, la respuesta institucional sea un simple post en redes sociales, sin anuncio de investigación conjunta con la Procuraduría ni coordinación visible con la Policía Doméstico.

En un país vapuleado por casos de desapariciones y violencia intrafamiliar, la infancia no puede servir de comunicados estéticos ni de silencios administrativos. La protección de niños, niñas y adolescentes exige rigor, transparencia y capacidad operativa efectivo.

La prensa cumple su rol cuando incomoda. Lo que resulta inadmisible es que una institución creada para proteger a los más vulnerables no pueda proponer lo mismo.

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