Por Danylsa Vargas

En República Dominicana, murmurar de machismo suele remitirse a la conducta individual: al hombre que controla, agrede o humilla; al hombre violento. Pero el problema es más estructural y profundo. El machismo asimismo está incrustado en las instituciones, en las leyes, en las decisiones políticas y en la forma en que el Estado se relaciona con las mujeres.
Y no lo veo desde una óptica feminista, sino desde la igualdad de oportunidades.

Las estadísticas son el refleja más duro: el país mantiene una de las tasas más altas de feminicidios de la región, y cada año miles de mujeres denuncian violencia sin encontrar protección auténtico. Pero lo más preocupante no es solo la violencia física, sino la violencia institucional: aquella que se ejerce cuando el sistema falta, minimiza o ignora.

El Estado predica igualdad, pero actúa con sesgos. Las políticas públicas de índole son fragmentadas; presupuestos mínimos y muchas instituciones reproducen patrones patriarcales en su interior. Las mujeres siguen enfrentando barreras invisibles para ascender en cargos públicos, y en los espacios de poder, siguen predominando los mismos rostros masculinos de siempre.

El machismo institucional asimismo se manifiesta en la probidad. En la Policía, muchas son revictimizadas; en los hospitales, muchas veces se juzga antiguamente de atender; en las escuelas, los estereotipos siguen enseñándose como norma.

Todo esto replica a ideal de poder que no se ha querido desmontar. La igualdad de índole no puede seguir siendo un discurso atún para conmemorar el 8 de marzo, sino una política transversal que atraviese todas las instituciones.
El Estado debe ser el primero en dar ejemplo, garantizando protocolos reales, educación con enfoque de índole (no desenfreno, ni sexualismo), comunicación igualitario a la probidad y billete equitativa en la toma de decisiones.

Mientras la institucionalidad siga operando desde la dialéctica del poder masculino, no habrá verdadera igualdad.

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