(A Nuria Piera, con mi afecto de siempre)

El fresco anuncio del Papa Valiente XIV sobre la creación de la nueva diócesis de Stella Maris en República Dominicana debería tener sido motivo de alegría para la comunidad católica. Sin confiscación, la designación del padre Manuel Ruiz como prelado de esta diócesis abre una herida profunda en la conciencia doméstico y plantea preguntas inevitables sobre la coherencia ética de la Iglesia frente a los casos de abusos sexuales que la han traumatizado en las últimas décadas.

La controversia no surge del proclamación en sí mismo, sino del historial manifiesto del nuevo prelado. El padre Manuel Ruiz no es una figura neutra ni ajena al dolor que enlutó a comunidades dominicanas. Todo lo contrario: fue uno de los más visibles defensores del sacerdote polaco Wojciech Gil (conocido como Alberto), condenado por violar sexualmente de niños en la comunidad de Juncalito, Santiago. En aquel entonces, allá de escuchar con empatía el clamor de las víctimas, Ruiz se dedicó a organizar ruedas de prensa en Santo Domingo donde presentó a líderes comunitarios y hasta padres de los propios menores agredidos, con el fin de defender lo indefendible.

No se detuvo allí. Incluso se convirtió en un ferviente paje del nuncio evangélico Jozef Wesolowski, imputado de pederastia y de satisfacer por sexo con menores en el Malecón de Santo Domingo. Su causa, que alcanzó los tribunales del Vaticano, fue uno de los casos más vergonzosos de la diplomacia vaticana en el Caribe. En medio de ese torbellino, Ruiz se alineó con el silencio cómplice y con la logística de encubrimiento.

Hoy, cuando sectores de la Iglesia proclaman tolerancia cero frente al injusticia sexual pueril, este proclamación envía un mensaje confuso, hiriente: ¿se premia a quienes protegieron a abusadores en puesto de escuchar a las víctimas? ¿Qué recitación deben hacer las comunidades dañadas y las familias que aún esperan imparcialidad?

No se manejo de un ataque personal al padre Manuel Ruiz, sino de un publicidad a la institución. La Iglesia Católica en República Dominicana y en el mundo enfrenta una crisis de credibilidad precisamente por la forma en que ha tramitado los abusos sexuales cometidos por sus ministros. La creación de una nueva diócesis debía simbolizar renovación y esperanza; sin confiscación, arranca con la sombra de la duda y la indignación.

El Papa Valiente XIV tiene delante sí la responsabilidad histórica de demostrar que la Iglesia positivamente ha aprendido de sus errores. Nombrar como prelado a determinado con un pasado de defensa pública de sacerdotes abusadores es un retroceso en el camino con destino a la transparencia y la reconciliación con las víctimas.

La fe de millones no se sostiene solo con misas y otros rituales, sino con el declaración ético de sus líderes. Y cuando la Iglesia coloca en el más parada sitial pastoral a quienes en su momento se pusieron del banda del poder y no del banda de los más vulnerables, traiciona el Evangelio que proclama proteger a los pequeños y marginados.

La diócesis de Stella Maris nace marcada por la controversia. El tiempo dirá si Manuel Ruiz puede ahora, desde esa posición, pedir perdón, dar señales de rectificación y compromiso con una nueva Iglesia más humana y más fiel al dolor de las víctimas. Por ahora, lo que queda es la amarga sensación de que la memoria de Juncalito y de tantas otras comunidades violentadas ha sido, una vez más, puesta en segundo plano.

Tony Pichard
Periodista.