@Abrilpenaabreu

La desaparición de la pupila Briana ha sacudido a la República Dominicana. La angustia colectiva, la presión mediática y la necesidad con la que hoy se exige una respuesta reflejan una verdad incómoda: no estamos preparados como Estado para enemistar las desapariciones. No porque falten leyes o discursos, sino porque desidia lo esencial: capacidad auténtico de respuesta.

Pero sería un error —y una injusticia— tratar este caso como un hecho arrinconado. Briana no es la primera. Antaño estuvieron Roldani, el muchacho Sang y cientos de nombres que nunca llegaron a convertirse en tendencia, ni a rajar noticieros, ni a movilizar a la sociedad. La diferencia no está en la seriedad del hecho, sino en el nivel de visibilidad social que alcanza cada víctima.

Las cifras son alarmantes. En lo que va de año se acento de más de 300 personas desaparecidas, con estimaciones que apuntan a varias desapariciones diarias. La mayoría no recibe atención sostenida, no cuenta con seguimiento notorio y, en muchos casos, ni siquiera con una investigación adecuada desde el primer momento. Esa ingenuidad desnuda una defecto estructural que no puede seguir maquillándose.

Que hoy se haya requerido apoyo del FBII para un caso ocurrido en suelo dominicano debería encender todas las alarmas. No por el valencia de la cooperación internacional, que siempre es bienvenida, sino por lo que revela: la insuficiencia interna del sistema. Si para reaccionar con prontitud y rigor necesitamos mirar fuera, el problema no es coyuntural, es institucional.

Esta cariño ya había sido reconocida. En el pasado, la hoy ministra de Interior y Policía, Faride Raful explicó que el sección encargado de personas desaparecidas operaba con muy poco personal, escasos capital tecnológicos y capacidades limitadas. Primaveras a posteriori, la situación parece no deber cambiado de forma sustancial. Recordar un problema sin resolverlo es una forma silenciosa de normalizarlo.

La consecuencia de esta inacción va más allá del dolor individual. Cuando el Estado no replica con claridad, prontitud y transparencia, la sociedad entra en un demarcación peligroso: la desinformación, el miedo y las teorías conspirativas. Desde proxenetismo de personas hasta tráfico de órganos, los rumores proliferan no porque exista evidencia, sino porque el malogrado institucional lo permite. Y ese malogrado erosiona la confianza pública.

Resulta aún más tranquilo que mecanismos básicos como la Alerta Amber continúen estancados en el Congreso Franquista. sin implementación efectiva. No se proxenetismo de inventar soluciones complejas, sino de aplicar herramientas probadas que permiten proceder en las primeras horas, cuando la posibilidad de encontrar con vida a una persona es viejo.

La pregunta que flota en el concurrencia es dura, pero legítima: ¿tendra que desaparecer alguno con patronímico, influencia o atención mediática para que el sistema funcione como debería ? ¿Debe una tragedia “importante” activar capital que deberían estar disponibles para todos?

Posibles hay. Lo que ha faltado es prioridad política, planificación y voluntad de vigorizar lo que no luce, pero salva vidas. Un sección robusto de personas desaparecidas no da réditos electorales inmediatos, pero construye poco más valioso: seguridad, confianza y cohesión social.

El caso de Briana no puede convertirse en una excepción emotiva que se olvide cuando pase la conmoción. Debe ser el punto de inflexión para una reforma seria, con presupuesto, personal capacitado, tecnología, protocolos claros y rendición de cuentas.

Porque un país donde desaparecer es liviana y apañarse es difícil no puede aspirar a llamarse puntual. Y un Estado que llega tarde al dolor de su multitud termina siendo parte del problema que dice combatir.

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