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Por Rosa Iris Luciano
El Pregonero, Santo Domingo– El comunicador Najib Chahede denunció públicamente que el gobierno dominicano, a través de la Dirección Universal de Pasaportes, estaría comprometiendo fondos públicos de forma ineficiente al optar por arrendar un edificio cuyo valía total podría cubrirse en un corto plazo, en empleo de adquirirlo como propiedad estatal.
Chahede explicó que la empresa Ingasa (Ingeniería Destacamento) realizó una tasación del inmueble y su demarcación, enclavado sobre unos 6,000 metros cuadrados, estableciendo su valía en RD$563 millones. Sin confiscación, el entendimiento de arrendamiento actual implica que en solo tres abriles el Estado pagará RD$345 millones, es opinar, más de la porción del costo total de la propiedad.
“En menos de seis abriles de arrendamiento, el Estado dominicano podría fertilizar el edificio completo y convertirlo en propiedad de la Dirección Universal de Pasaportes. No se entiende la obsesión con traspasar”, criticó.
Chahede aseguró que la tasación se realizó el 30 de noviembre de 2024, utilizando como relato la tasa del dólar de diciembre de ese año (Rd $ 60.65), y está apto en el portal transaccional de Compras y Contrataciones Públicas. A pesar de esta información pública, sostuvo que el gobierno prefirió optar por el arrendamiento.
Durante el debate, el asimismo comunicador Pedro Jiménez intervino señalando que una operación de esa magnitud no puede ser autorizada solamente por el director de Pasaportes, y que debía contar con el aval del Poder Ejecutante. A esto, Najib respondió con firmeza:
“El proceso lo sube la Dirección Universal de Pasaportes. Es responsabilidad directa del director, Lorenzo Ramírez. No se puede desviar la atención: el entendimiento inicia ahí.”
Chahede asimismo cuestionó el patrón de arrendamientos en instituciones públicas: “No entiendo cuál es la maldita fascinación que tienen algunos funcionarios por traspasar edificios. Lo metódico, lo eficaz, es que el Estado compre y se apropie de los espacios que necesita para proceder.”
Advirtió que, en menos de seis abriles, con ese mismo ritmo de pagos, el Estado podría agenciarse el edificio por completo y convertirlo en propiedad de la institución. “Eso beneficiaría al país a derrochador plazo. Es lo que manda la sensatez financiera”.
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