Mi formación profesional pertenece al ámbito de las Humanidades. De ahí mi resistor a analizar la vida solamente en términos cuantitativos, dejando de banda lo cualitativo. Hay asuntos en los que dos más dos no siempre son cuatro. La identidad es uno de ellos.

Los economistas distinguen entre precio y valencia. No siempre lo que se mide en pesos o dólares refleja la magnitud de lo que está en mecanismo. Por eso, en el debate sobre la inversión de 6,000 millones de pesos que el Estado destinará a la renovación de la cédula de identidad y electoral, debemos ver más allá de los números fríos.

Ciertamente, mi primera reacción fue cuestionar la prioridad de ese pago en un país con adeudamiento de aulas, de unidades de atención primaria, de líneas de Medida y con una cuenta eléctrica desbordada. Pero al profundizar —y he aquí la importancia de no predisponerse— comprendí que no se tráfico solo de un número en el presupuesto, sino de un asunto importante que impacta la estabilidad política, la seguridad jurídica y la soberanía.

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Los 6,000 millones parecen una sigla excesiva. Sin retención, cuando se calcula que con ese monto se cedularán 9.6 millones de personas, el costo por ciudadano es escasamente 630 pesos, menos de 10 dólares, una sigla mucho más comprensible.

A cambio, obtendremos no un simple pedazo de plástico o de policarbonato. La nueva cédula permitirá firmar digitalmente, certificar transacciones seguras, apresurar subsidios y consolidar un ecosistema digital donde confluirán bancos, instituciones públicas y empresas privadas. Incluso impactaría la facilitación de visados y la movilidad internacional.

En este punto es útil memorar a Manuel Castellssociólogo gachupin que popularizó el concepto de Era de la Información. En este tiempo histórico, la identidad y los datos personales son uno de los haberes más vulnerables y más codiciados. Blindarlos contra fraudes y limitaciones de acercamiento a mercados internacionales no es un ostentación: es una obligación de supervivencia y seguridad franquista.

De ahí que no exagera la Reunión Central Electoral cuando describe la renovación de la cédula como un “plan de Estado”. En un comunicado nuevo recordó que el cambio es obligatorio por razones legales —la cédula de 2014 tenía vigencia de diez primaveras— y incluso por razones tecnológicas: hoy falsificarla es mucho más factible conveniente a la obsolescencia de los equipos.

Por otra parte, la renovación permitirá una depuración del padrón electoral y del Registro civilcon mercancía directos en las elecciones de 2028 y en la de 2032, cuando se unificarán siete niveles de comicios en una sola plazo.

Es por eso que, insisto, hay que ver este tema más allá de un exclusivo asunto aritmético. La cobarde de los huevos de oro en República Dominicana no es solo la playa ni el clima: es la estabilidad política y social que atrae inversión extranjera y turismo, y permite que lleguen remesas. Aquí celebramos elecciones, se cuentan los votos y esa misma incertidumbre sabemos quién ganó. Ese comportamiento cívico es un ostentación que ni Estados Unidos ni varias democracias europeas y latinoamericanas han podido certificar con igual certeza.

La fortaleza del padrón dominicano es parte esencial de esa estabilidad. Por eso, lo que está en mecanismo es mucho más que el costo de imprimir un nuevo documento. Se tráfico de proteger el futuro demócrata de un país que, con todas sus dificultades, ha sabido sostener su institucionalidad electoral.

La pregunta, entonces, no es si la nueva cédula cuesta demasiado. La verdadera pregunta es: ¿cuánto costaría perder la seguridad de nuestra identidad y la confianza en nuestro sistema electoral?

Frente a esa amenaza, 630 pesos no son un pago: son una inversión mínima para proteger un patrimonio que no se mide en pesos ni en dólares. El serio precio de nuestra identidad es, en definitiva, el precio de nuestra soberanía. Y ese, dominicanas y dominicanos, no podemos darnos el ostentación de perderlo.