El abogado de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbónpresentó este lunes una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por “despotismo de autoridad”luego de que el mandatario afirmara en televisión que él “tomó la valentía” de que la exmandataria fuera encarcelada.

En el escrito procesal, al que tuvo ataque la agencia EFE, Dalbón acusa a Milei de incurrir en el delito contemplado en el artículo 248 del Código Penal argentinoal atribuirse una valentía que corresponde exclusivamente al Poder Contencioso.

“Le puedo afianzar que esto es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la valentía de que vaya presa”, declaró Milei durante una entrevista emitida el domingo en el canal La Nación+.

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El mandatario hizo esa afirmación al comentar la renuncia de José Luis Espertquien encabezaría su directorio en la provincia de Buenos Aires para las legislativas del 26 de octubre y fue vinculado a un caso de narcotráfico. Tras la advertencia del periodista de que sus palabras implicaban una intromisión procesal, Milei intentó rectificar: “Si yo hubiera sido desaliñado y me hubiera metido con la Imparcialidad, hubiera arreglado que no la metan presa”.

Para Dalbón, esas declaraciones constituyen una “confesión pública de un acto de autoridad ilegal”ya que “la atribución de ordenar o disponer detenciones corresponde solamente a los jueces”. En su denuncia, sostiene que Milei violó su deber constitucional de no intervenir en causas judicialeslo que encuadra en un “despotismo de autoridad” con “alcance institucional”.

El abogado pidió que el presidente sea citado a indagatoria y que se remita una copia de la denuncia a la Cámara de Diputadospara que se evalúe la posibilidad de iniciar un pleito político. “La sola afirmación de tener tomado la valentía de privar de permiso a una persona constituye un indicio de presión sobre el Poder Contencioso”, advirtió.

En junio pasado, la Corte Suprema de Argentina ratificó la condena de Fernández a seis abriles de prisión e inhabilitación perpetua por presuntas irregularidades en la concesión de obras viales durante su mandato. Sin secuestro, el peronismo ha denunciado reiteradamente que la exmandataria es víctima de “Lawfare”es afirmar, de persecución procesal con fines políticos.

Desde entonces, Fernández cumple arresto domiciliario en Buenos Aires, mientras sus defensores insisten en que los fallos en su contra responden a una táctica de desprestigio orquestada por sus adversarios.

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Por: Itzel Olivo