El Gobierno de Haití expresó este jueves su “preocupación por los actos xenófobos” que considera que se cometen contra la comunidad haitiana en República Dominicanaen particular “los malos tratos infligidos a mujeres haitianas embarazadas y lactantes”.

El Servicio de Asuntos Exteriores haitiano informó en un comunicado de que ha cubo instrucciones a su embajador en República DominicanaFritz Longchamps, para que despliegue miembros de la representación diplomática en Santo Domingo y personal consular en zonas “sensibles” en el vecino país, como Dajabón (noroeste) y Bávaro (este).

Se instruyó al diplomático organizar caravanas de repatriación voluntaria de sus conciudadanos en condiciones dignas, pero asimismo a demandar “sistemáticamente a las autoridades dominicanas el respeto de los derechos de los haitianos y exigir investigaciones sobre los principales casos de violación de los derechos de los haitianos”.

El área de Exteriores afirmó que “acoge con asentimiento” toda batalla solidaria en Haití o en el extranjero en gracia de sus compatriotas, siempre en el entorno de la ley y de las convenciones internacionales.

Reiteró “la disposición del Gobierno haitiano de privilegiar el diálogo“, al tiempo que invitó a todos los sectores, organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos “a unir sus voces para que los derechos de sus compatriotas sean respetados donde quiera que estos se encuentren”.

Medidas de República Dominicana

República Dominicana dispuso en octubre pasado un masivo software de deportaciones y ha fortalecido los controles limítrofes con una verja que construye en la frontera, la utilización de equipos de tecnología vanguardia y el despliegue de miles de tropas.

Asimismo, ha endurecido las medidas en el plano interno con decisiones como deportar a los haitianos indocumentados que acudan a los hospitales y otros centros de vitalidad públicos una vez hayan sido atendidos.

• Estas acciones han sido criticadas por el secretario genérico de las Naciones Unidas, António Guterres, y Perdón Internacional.

El Gobierno dominicano sostiene que esa medida forma parte de varias disposiciones que ejecuta para proteger la seguridad franquista frente a la crisis que, en prácticamente todos los órdenes, afecta al vecino país.