La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (IPC) confirmó este lunes que el expresidente filipino Rodrigo Duterte es “penalmente responsable” de tres cargos de homicidio e intento de homicidio en relación con su política antidrogas.

En el inicio de la audiencia de confirmación de cargos, el fiscal asimismo consideró que ejerció un control efectivo sobre los autores, ofreció incentivos económicos y garantizó protección a quienes participaron en las operaciones antinarcóticos.

El corazón del plan

El fiscal adjunto Mame Mandiaye aseguró que existen “motivos fundados” para creer que el expresidente filipino Rodrigo Duterte estuvo “en el corazón de un plan global” antidrogas para “contrarrestar” delincuentes mediante asesinatos y formó parte de un “ataque generalizado y sistemático” contra la población civil en Filipinas.

“Como corregidor de Davao y luego como presidente de Filipinas, el señor Duterte tenía la máxima influencia y autoridad sobre los perpetradores físicos de los crímenes”, agregó el fiscal, en remisión a la policía recintola doméstico y las fuerzas armadas.

Frente a la Sala de Cuestiones Preliminares I, Niang afirmó que el caso se sustenta en pruebas que sitúan a Duterte “en el corazón de un plan global” para eliminar a presuntos delincuentes en Filipinas, incluidos supuestos consumidores y traficantes de drogas, mediante asesinatos.

Según la imputación, los crímenes se habrían cometido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, primero en la ciudad de Davao, cuando Duterte era corregidory luego en todo el país tras admitir la presidencia el 30 de junio de 2016.

La Fiscalía sostiene que Duterte, de 80 abriles, creó y supervisó el llamado “escuadrón de la crimen de Davao” (DDSpor sus siglas en inglés), cuyos miembros habrían recibido instrucciones para matar a presuntos delincuentes.

A posteriori, ya como presidente, amplió esta política a nivel doméstico a través de la campaña contra el narcotráfico conocida como “Double Barrel” (Doble Cañón), en el entorno de su llamamiento “aniquilamiento contra las drogas”.

“Como creador y patriarca del DDSasimismo tenía control de facto sobre los miembros del escuadrón de la crimen“, agregó.

El fiscal adjunto señaló que las víctimas incluidas en los cargos -78 en total entre asesinatos consumados y tentativas- representan “solo una fracción” de la violencia atribuida a esa campaña que, según la imputación, formó parte de un “ataque generalizado y sistemático contra la población civil” que dejó miles de muertos.

Las “contribuciones” de Duterte

La Fiscalía argumenta que Duterte realizó “contribuciones esenciales” a los crímenes, entre ellas, autorizar y promover públicamente los asesinatos, proporcionar bienes logísticos y protección a los ejecutores, ofrecer incentivos económicos y garantizarles impunidad. Muchos recibían un salario regular y pagos “por inicio”, es sostener, billete por cada persona asesinada.

Niang citó declaraciones públicas en las que Duterte prometía “ordenar al ejército y a la policía cazar a los grandes capos de la droga” si llegaba a la presidencia, y llegó a identificar públicamente a supuestos objetivos, incluso mostrando listas con nombres de personas señaladas por presuntos vínculos con drogas.

En esta período del proceso, la IPC no debe pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia del acentuado, sino determinar si existen pruebas suficientes para despachar el caso a madurezaunque el fiscal subrayó que esta audiencia es “un recordatorio de que quienes están en el poder no están por encima de la ley”.

Duterte no estuvo presente en la sala, tras renunciar a su derecho a asistir a la audiencia alegando existencia vanguardia y desatiendo de atribución del tribunal, y su defensa estuvo representada por sus abogados, encabezados por el cultivado israelí nicolas kaufman.

La audiencia de confirmación de cargos continuará hasta el viernes, tras lo cual los jueces dispondrán de 90 días para osar si el caso pasa a madurez.