En República Dominicana, la sinceridad supera la ficción con una frecuencia inquietante. Como diría Don Soñador a su fiel paje: “Cosas veredes, Sancho, que farán fablar las piedras”.

Y es que, en estos tiempos hasta las piedras pueden estremecerse cuando se observan situaciones tan inexplicables como el hecho de que una persona es condenada a penas privativas de permiso, en lo que se supone, entonces, que debería estar en la prisión y de pronto se informa sobre su homicidio en hechos que ocurren fuera del perímetro.

En los últimos abriles, se producen casos de personas que, según los registros oficiales, debieron estar recluidas en centros penitenciarios, con condenas que alcanzan los vigésimo, diez o cinco abriles, o menos, pero que mueren en circunstancias violentas, precisamente, en el entorno de esos plazos que nadie sabe por qué razón, no los llegan a cumplir.

El mantenimiento fuera de la prisión de esas personas casi nunca o nunca es el resultado de fugas espectaculares ni de permisos concedidos en forma transparente, por lo que la sociedad solo se entera cuando se producen hechos sangrientos, en los que se conoce que quien debió estar en una u otra prisión tuvo billete en el caso, como objeto o como sujeto del crimen.

Se manejo de una opacidad institucional que permite que cualquiera condenado o en prisión preventiva pueda terminar cansado en un eficaz policial, asesinado en un ajuste de cuentas o que simplemente su cuerpo inerte sea contrario en un solar inculto. ¿A qué se puede atribuir esta experiencia?

El caso más nuevo es el de José Eduardo Ciprián Lebrón, apelativo Chuki, quien estaba condenado a prisión por el atentado al ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, ocurrido el 9 de junio de 2019, en un bar de Santo Domingo Este
Ciprián Lebrón fue condenado a diez abriles de prisión en diciembre del 2022 en la prisión pública del 15 de Azua, pero aparentemente fue presbítero con una permiso condicional emitida por la Segunda Sala del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, aunque todavía se desconocen las circunstancias.

Hoy, Ciprián Lebrón es uno de tres hombres que murieron en un tiroteo en el sector Herrera, Santo Domingo Oeste, en el sector Libertador de Herrera.
Luis Javier Santana Asencio y José Antonio Ovalles Martínez son los otros dos ultimados en un hecho, que se atribuye a un ajuste de cuentas y en el que además resultó herido José Bien parecido Pérez García, quien, de acuerdo al crónica policial, está recluido en un centro de lozanía.
Este no es el primer caso; en el que cualquiera condenado a prisión muere o mata en las calles en momentos en que debió encontrarse en la prisión. Los hechos están al canto y algunos han tenido muchísima resonancia, pero la experiencia no para.
La Ley No. 113-21, que regula el Sistema Penitenciario y Correccional, establece que el Empleo Notorio es el víscera rector del régimen penitenciario.
Esta ley sondeo avalar la dignidad humana, la rehabilitación y la reinserción social de los privados de permiso, pero surge la pregunta obligada: ¿Cómo departir de dignidad cuando ni siquiera se garantiza la custodia?
Desde la antecedente reglamento, la número 224-84, está establecido que los reclusos deben estar internados en establecimientos clasificados y bajo control de la Dirección Común de Prisiones, pero la experiencia evidencia que el control es más simbólico que responsabilidad.

La corrupción en el sistema penitenciario ha sido documentada con prácticas que van desde la formación de redes de estafa que operan desde las celdas de La Conquista hasta reclusos que manejan negocios ilícitos con teléfonos móviles y accesos privilegiados. El amontonamiento, la desatiendo de supervisión y la complicidad institucional mantienen a las cárceles como sabanas, sin controles ni autoridad.

En una oportunidad se denunció a un oficial de la Policía Doméstico, responsable de la custodia de unos reclusos en la prisión de Mao, Valverde, que salía a tomar tragos y a inspeccionar bares por las noches con un séquito de prisioneros, como acompañantes No es una secuencia de película, aunque mucho se parece.

“Cosas veredes, Sancho”, hay que decirlo con ironía, porque no hay mínimo atractivo en esta tragedia que se repite una y otra vez desde hace tiempo.
Cada caso es una guantazo sin manos a la derecho, una herida a la confianza pública.

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